POLÍTICA. El Ayuntamiento de Lucena ha aprobado este mediodía, en sesión extraordinaria del Pleno Municipal, la ordenanza para la regulación del comercio en mercadillos ubicados en suelos de titularidad privada con los votos a favor de los grupos municipales de PSOE, Ciudadanos y Vox, y los votos en contra de PP e IU.

La aprobación de esta nueva norma municipal, que viene a complementar la ordenanza de este tipo de comercio ambulante sobre terrenos públicos, permitirá a partir de ahora regular la oferta de mercadillos en suelo privado estableciendo así un nuevo marco normativo para estas iniciativas comerciales del que carecía la ciudad hasta el momento.

Según recoge literalmente el texto aprobado, cualquier petición de instalación de mercadillo en suelo privado, con independencia para el día de la semana que se solicite necesitará la autorización  municipal previa “por razones de interés general basadas en el orden público, seguridad, sanidad y salubridad pública, defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y de la libre competencia, siempre que su uso sea compatible urbanísticamente y sin perjuicio de cualquier otra autorización que establezca la correspondiente normativa de aplicación”.

Entre los requisitos exigidos por el Ayuntamiento, a tenor de la ordenanza aprobada, a los promotores de estos mercadillos privados se encuentra la titularidad o disponibilidad del suelo donde se pretenda desarrollar la actividad; una memoria técnica descriptiva que comprenda el diseño del recinto; días y horas de celebración; superficies, número, dimensiones y características de los puestos y productos que se comercializarán; un reglamento interno de funcionamiento del mercadillo, que incluirá el procedimiento para la selección y adjudicación de puestos de venta a los comerciantes; un dispositivo de seguridad previsto, que incluirá la propuesta de contrato con empresa de seguridad; un plan de limpieza del recinto y de sus lugares de incidencia; un seguro de responsabilidad civil en cuantía suficiente para cubrir los posibles riesgos derivados de la actividad y en todo caso por un importe mínimo de 18.000 euros; y un plan de emergencia y autoprotección, entra otras exigencias.