ANDALUCÍA. La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar 966.460 expedientes judiciales carentes de valor contenidos en 20.077 cajas, tal como acordó el pasado 26 de abril la Junta de Expurgo, órgano integrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Consejería de Justicia e Interior, con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales de la comunidad.

 

De esta forma, serán ya cerca de cinco millones los documentos judiciales carentes de valor destruidos en Andalucía desde 2012, cuando se puso en marcha este proyecto para eliminar expedientes de juicios de faltas y diligencias previas de entre los años 1945 y 2000.

 

La eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

 

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

 

Para este año, la Consejería de Justicia e Interior prevé ampliar el plan de eliminación de documentos judiciales antiguos a tres procedimientos judiciales más de la jurisdicción penal: expedientes de recursos de apelación contra sentencias dictadas en juicios de faltas, de procedimientos abreviados y de juicios rápidos.

 

Los expedientes que ya han sido destruidos han supuesto para la Administración de Justicia un ahorro de 157.000 euros, ya que no tiene que hacer el gasto que supone mantener la custodia de esos documentos.

 

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.