MEMORIA HISTÓRICA. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) ha demandado a la Diputación de Córdoba que cumpla con las leyes de Memoria Democrática estatal y andaluza y elabore, como ya han hecho las diputaciones de Málaga, Valencia, Alicante, La Coruña o Gipúzcoa, entre otras, un catálogo de distinciones, nombramientos y títulos honoríficos concedidos por la institución provincial y que supongan una exaltación del golpe militar, la guerra civil o la dictadura franquista a fin de, en cumplimiento de las citadas leyes, proceder a su retirada.

En esta ocasión, y después de casi dos años de espera desde que, en mayo de 2022, el colectivo formulara la primera solicitud en el registro la administración provincial, AREMEHISA se ha visto obligada a buscar amparo en el Defensor del Pueblo andaluz, institución que, tras dos requerimientos previos, ha decidido solicitar a la Diputación “un informe sobre el estado de la elaboración del inventario de honores y distinciones, así como de las actuaciones realizadas al respecto”.

Así, desde la asociación memorialista aseguran que “este tipo de demoras y la falta colaboración institucional en materia de memoria es algo a lo que, lamentablemente, estamos demasiado acostumbrados”, al tiempo que destacan que “en este caso concreto, y atendiendo a las explicaciones que el presidente de la Diputación ha ofrecido al Defensor del Pueblo tras nuestros requerimientos previos, la contestación de Salvador Fuentes es a todas luces ambigua, totalmente carente de contenido y no persigue otro fin que el de cubrir el expediente de obligación de respuesta, sin más”.

En este sentido, el colectivo memorialista ha recordado que la revisión de reconocimiento, honores y distinciones concedidos por y durante el franquismo, una tarea que, por ejemplo, sí ha elaborado el Ayuntamiento de Córdoba, es “un deber claramente establecido en el artículo 40 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que nos dice que es obligación de las administraciones públicas de ‘revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista’”.