ECONOMÍA. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hoy que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinario del Estado.

El objetivo de esta propuesta, que ha sido remitida hoy mismo a las Comunidades Autónomas para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y que contrasta con el apoyo que han recibido durante el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania.

“ Con menos deuda, hay más Estado de Bienestar”, ha señalado Montero al explicar que, gracias a esta medida del Gobierno, las CCAA verán reducido de forma significativa su pasivo y estarán en mejor posición para reforzar servicios públicos como la sanidad o la educación.

Asimismo, la titular de Hacienda ha resaltado que esta actuación inédita permite a las comunidades ganar autonomía financiera y facilita su acceso a los mercados en mejores condiciones. De esta forma, se avanza hacia la normalización financiera de las Comunidades Autónomas, algo que no ocurre desde antes de la crisis financiera de 2008.

Montero ha explicado que el Ministerio de Hacienda ha remitido hoy mismo a los gobiernos autonómicos la información con la metodología que establece la cuantía de la deuda a condonar. Son criterios “técnicos, trasparentes e iguales para todas”, ha incidido. De esta forma, las Comunidades Autónomas conocen el importe que les corresponde y tienen tiempo para poder analizar los datos de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, donde se votará la propuesta.

La vicepresidenta primera ha destacado que la condonación de parte de la deuda autonómica es coherente con la política de apoyo a las CCAA que el Gobierno progresista ha brindado desde el primer día para garantizar los recursos suficientes a las comunidades para prestar servicios públicos de calidad en contextos muy complejos como una pandemia o el impacto de la guerra de Ucrania.

Esa política de apoyo a las CCAA ha permitido que, en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, los gobiernos autonómicos reciban, excluyendo los fondos europeos, 300.000 millones más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy. De hecho, entre las medidas adoptadas se encuentran los 30.000 millones de fondos COVID transferidos por el Estado a las CCAA o los 4.400 millones de liquidaciones negativas que el Estado asumió, entre otras actuaciones. Montero ha recordado con este Gobierno todas las administraciones territoriales han recibido la mayor financiación de su historia.

Metodología para la condonación

La condonación de parte de la deuda autonómica es un paso más en esa dirección de fortalecimiento del Estado de las autonomías, que además cumple el acuerdo de investidura alcanzado con ERC y permitirá a todas las comunidades de régimen común liberar recursos del pago de la deuda para destinarlos a servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos.

La ministra de Hacienda ha explicado que la asunción de la deuda autonómica parte de la premisa de reconocer que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera por parte del Gobierno central no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas de las Comunidades Autónomas. De hecho, se vieron obligadas a sobreendeudarse a través de mecanismos como el FLA y, además, a someterse a fuertes restricciones financieras.

La metodología parte, precisamente, del cálculo del sobreendeudamiento. Así, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones, lo que refleja el apoyo que han recibido del Estado.

El diferencial alcanza los 80.310 millones de euros y esa es la cuantía inicial a condonar. El siguiente paso es fijar el reparto entre Comunidades Autónomas. Para ello, la metodología se divide en tres fases:

• Fase 1. El grueso del reparto de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las CCAA se sitúa en el 19% de su deuda a cierre de 2023.
• Fase 2. El objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19% de condonación de deuda. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación.
• Fase 3. Se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Con este mecanismo, se asignan otros 10.590 millones de condonación.

En segundo lugar, se fija también una compensación adicional de 917 millones para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En concreto, se concede una condonación adicional del 10% para las comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un 5% para las que lo hayan hecho por debajo de la media. Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal.

El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada Comunidad Autónoma será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023.