CÓRDOBA.
El portavoz adjunto de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso y diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, ha afirmado que el Gobierno del PP "no le ha regalado nada a Andalucía" con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Para Hurtado, el FLA es "una mala solución para las comunidades autónomas" debido a las condiciones que impone el Ministerio de Hacienda y el alto coste financiero que tienen que pagar y ha señalado que Andalucía, al igual que las otras comunidades, "no puede acceder en estos momentos al crédito a largo plazo en los mercados financieros, como consecuencia del rescate bancario.
El diputado socialista se ha referido así a las declaraciones de la vicesecretaria del PP y senadora, Beatriz Jurado, sobre la que ha asegurado que "demuestra su analfabetismo económico, confundiendo déficit con liquidez". El FLA aporta "liquidez a las comunidades autónomas y el déficit es a base de recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda a los Presupuestos".
En su opinión, el FLA es "el claro ejemplo de una administración central que trata de mermar permanentemente la autonomía y suficiencia financiera de las administraciones públicas".
Andalucía, al igual que el resto de comunidades no puede acceder en estos momentos al crédito a largo plazo en los mercados financieros, como consecuencia del rescate bancario y, por ello, "no tiene otra solución que agarrarse a la financiación que ofrece el Ministerio a través del ICO" y que "no es nada gratuita sino que suponen préstamos a diez años a las comunidades autónomas con un alto interés, en torno a un 4 ó 5 por ciento".
Antonio Hurtado ha indicado que las comunidades autónomas nunca hubieran sido expulsadas de los mercados financieros si el Gobierno hubiera emitido hispabonos con Andalucía, como anunció el ministro de Economía.
Para Hurtado, el FLA nunca se hubiera creado si se hubieran emitido hispabonos entre la Administración central y las comunidades y ha explicado que la aportación del Fondo, en más de la mitad de su aportación, va a parar a amortizar deuda y el resto para el pago a proveedores, una imposición del Ministerio de Hacienda que "no es favorable a las comunidades autónomas".
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