ECONOMÍA. El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puente Genil llevará al Pleno del próximo jueves 25 de enero una propuesta para modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de residuos sólidos urbanos en el municipio. La concejala delegada de Hacienda, Tatiana Pozo, ha detallado que resulta obligatoria la actualización de esta tasa derivada de las nuevas exigencias legales impuestas por el Gobierno central.
En este sentido, la edil ha profundizado en que la adopción de esta medida persigue objetivos como alcanzar la “estabilidad presupuestaria” de Egemasa; de la que recordó que su déficit se acerca al medio millón de euros. “Nosotros somos gobernantes responsables y no vamos a permitir que nuestra negligencia suponga la quiebra de una empresa pública con 100 trabajadores”, aseguró Pozo; además de pedir disculpas de antemano a la ciudadanía porque “sabemos que se trata de una situación difícil, pero no somos culpables de que el Gobierno anterior haya abandonado sus funciones de gestión durante más de una década”.
Acompañada por el concejal delegado de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras en el Consistorio, Rafael Morales, la responsable de Hacienda informaba de un planteamiento de actualizar la tasa un 30% en el presente año para cubrir el impuesto de vertedero del Gobierno de España, que asciende a 174.000 euros y el mencionado déficit que arrastra el servicio de recogida de basura.
La adaptación a la tarifa aprobada por la Diputación Provincial de Córdoba se establecería, en palabras de Pozo, a favor de un marco tributario homogéneo con el resto de poblaciones. De hecho, 72 de los 77 municipios que integran la provincia cordobesa seguirán pagando un recibo un 10% superior al de Puente Genil, que se encontrará por debajo de municipios como Lucena, Aguilar de la Frontera, Santaella o Priego de Córdoba”, indicó la edil.
Igualmente, la implementación de las tarifas progresivas y orientadas al pago por generación de residuos, la relación con la empresa provincial que presta el tratamiento, y la dotación a Puente Genil de un abanico de herramientas que permitan sanear y depurar el padrón buscando la justicia tributaria y la bonificación a personas que lo necesiten también justifican esta propuesta.
Para avanzar hacia la justicia tributaria, además de adecuar las tarifas de las actividades a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas, se han establecido bonificaciones de un 50% a jubilados o pensionistas, preceptores de la Renta Mínima de Inserción Social, familias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género, unidades familiares con dos desempleados, o unidades familiares de un solo miembro en desempleo “siempre con un límite de renta del 1,5 del IPREM y la ausencia de bienes patrimoniales distintos a la vivienda habitual”.
