Ya estamos en otoño. Los días del verano, aunque próximos cronológicamente, quedan en el ánimo de todos ya muy lejanos. Ahora tenemos a la vista tres comicios autonómicos y una situación económica como para echarse a temblar, por lo que el final de año que se avecina puede ser movido. Sin embargo, en el pasado verano pocas cosas pasaron. Normalmente, en agosto no suele pasar nada. Parece como si todos los ciudadanos se pusieran de acuerdo para quedarse quietecitos y tener la fiesta en paz. Este año, a pesar de lo agitado que viene estando, el verano se ha desarrollado con modorra, solo ligeramente interrumpida por el tour y las olimpiadas, pero eso es casi una rutina más.

Hay sin embargo un suceso, propio de la España de charanga y pandereta, que ha levantado miles de comentarios en el letargo veraniego. Es un suceso que dejará de ser noticia—que ya no lo es—y se olvidará dentro de poco tiempo. Es un suceso caduco, aunque lo que podemos reflexionar sobre él no lo es, porque tiene más calado del que a simple vista parece. Es por ello por lo que lo traigo aquí a estas líneas.

Me refiero al robo en un Mercadona por parte de una panda de desgarramantas del Sindicato Agrario de Trabajadores liderados por el alcalde de Marinaleda y diputado autonómico andaluz por Izquierda Unida Ignacio Sánchez Gordillo, con agresión y violencia incluidas a los trabajadores de ese establecimiento comercial. Mucho se ha hablado y comentado en los días posteriores sobre estos señoritos sindicales, subvencionados hasta las cejas por la Junta de Andalucía de Griñán y Valderas (desde marzo hasta agosto de este año 2012 han recibido de la Administración autonómica nada más y nada menos que 500.000 euros de pasta gansa, la mayoría en concepto de cursos, que por lo visto son muy mal aprovechados, porque después de tanto dinero subvencionado en  esos cursos, no han conseguido que ninguno de sus “alumnos” consiga un puesto de trabajo…).

También los expertos en derecho han opinado de forma variada sobre como calificar tal acción, que mientras Sánchez Gordillo la califica de acto simbólico, todo parece indicar que se trata de un delito puro y duro, habiendo discrepancias sobre si se trata de un delito contra la propiedad en la modalidad de hurto, o si es robo, por el hecho de que ha habido violencia con intimidación y agresiones a algunos trabajadores de Mercadona.

 No falta quien lo califica como algo que va más allá de los delitos contra la propiedad, y por la trascendencia social que comporta habría que calificarlo como delito contra la seguridad, más grave para Sánchez Gordillo por el hecho de ostentar dos cargos públicos y por tanto estar especialmente obligado por juramento o promesa a guardar la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, entre ellos, el Código Penal.

Hay también quien lo califica como delito político contra el prestigio del país del que depende, entre otras cosas, nuestra maltrecha economía. En efecto, quienes oyen la BBC u otras emisoras prestigiosas europeas habrán podido comprobar en los días posteriores al robo, que en los países occidentales con los que queremos codearnos, venimos siendo objeto de burla, rechifla y escarnio, porque charlotadas como la de Sánchez Gordillo y sus amigotes no se dan ni por asomo en un país medianamente civilizado, y porque si tales son los políticos de este país, comparables a Curro Jiménez o el Tempranillo, cómo será el pueblo llano, menos obligado a dar buen ejemplo de ciudadanía. Y si en el siglo XXI todavía estamos así, quiere decir que llevamos dos siglos sin avanzar absolutamente nada.

A la charanga y pandereta ha colaborado decisivamente la policía y la guardia civil, porque a pesar de una acción como la llevada a cabo por estos señores, no han procedido a detenerlos inmediatamente, lo cual viene a indicar para todo aquel que tenga dos dedos de frente, que este es un país muy poco serio, donde al que roba a plena luz del día no le pasa nada. Es decir, que vivimos en el reino de la impunidad, lo cual dista mucho de ser comparable con otros países europeos.

Todas estas consideraciones adquieren su mayor sentido si consideramos que Sánchez Gordillo es aforado por ser diputado autonómico, que dicho en lenguaje llano quiere decir que tiene bula, que no le va a pasar nada, haga lo que haga. Hasta ahora los casos de delitos cometidos por aforados han sido acciones que se han cometido a hurtadillas y que sus autores se han empeñado en negar. Sin embargo estamos ante un delito cometido a la luz del día, con premeditación y alevosía, con chulería, con convencimiento, con amenaza de repetirlo, con proclamas incendiarias contrarias a la Constitución, más bien propias de repúblicas bananeras al estilo de los dirigentes de Cuba o Corea del Norte o del tipo ese que gobierna Venezuela.

Cobra protagonismo por tanto el tema del aforamiento de los políticos cuando tal prerrogativa puede llevar tan lejos como para dejar impunes acciones como ésta. Cabe, pues, preguntarse por el sentido del aforamiento y su razón de ser.

Quizá a algunos les resulten desconocidas las razones que han llevado a la inmunidad parlamentaria de determinados políticos. Convendrá refrescarlas.

El aforamiento o inmunidad parlamentaria hunde sus raíces en la defensa de la libertad de expresión que todo parlamentario debe tener para defender públicamente sus posturas ya que defendiéndolas, defiende a quienes le han votado. Se hace, pues, necesario que un parlamentario pueda decir en sede parlamentaria cosas que podrían estar en el borde del delito. Se hace necesario que un parlamentario no tenga la sensación de tener permanentemente sobre él la espada de Damocles cada vez que habla, y que tenga un plus de libertad de expresión para poder decir en sede parlamentaria lo que le venga en gana sin miedo a que le pongan una querella criminal. Para moderar los excesos verbales ya está el presidente de la cámara parlamentaria, quien le llamará al orden o le pondrá una multa o le expulsará de la cámara o llevará a cabo las medidas que el reglamento de la cámara tenga dispuestas para esos casos.

En todo caso, como puede verse, la inmunidad mencionada lleva siempre un adjetivo ya que esta inmunidad es “parlamentaria”, es decir, por razón del cargo y para llevarla a cabo en el ejercicio del cargo, es decir en el parlamento cuando se parla. No tengo delante los preceptos legales que la regulan, pero por lo que vengo viendo en casos parecidos, me temo que so capa de “inmunidad parlamentaria” lo que se ha otorgado a los parlamentarios de este país es una prerrogativa de “inmunidad”, sin adjetivos, y por tanto de una inusitada mayor amplitud, ya que la inmunidad, si fuese solo parlamentaria, se ejercería en el parlamento, y no se daría en el resto de facetas de la vida de un parlamentario, de modo que si ese parlamentario roba en un establecimiento, se le trataría como un ladrón vulgar y corriente, sin aforamientos de ningún tipo, sin privilegios—es decir, sin “leyes privadas”—ya que dicha acción no está llevada a cabo en el ejercicio del cargo político, sino en su condición de ciudadano, de mal ciudadano en este caso.

El aforamiento en España ha llevado a que haya ciudadanos de primera y de segunda. Son ciudadanos de primera categoría una serie de ciudadanos que llevan a cabo un conjunto de actos presuntamente delictivos—practicar el cohecho en una gasolinera, llevar con medios del Estado escuchas y espionajes a otros partidos políticos, llevar a cabo falsos EREs  con grave perjuicio para las arcas públicas, robar en establecimientos alimentarios—, pero que no les pasa nada, porque esa inmunidad de que disfrutan más bien es “impunidad”. Los demás somos ciudadanos de segunda categoría, sobre quienes el Estado descarga todo su aparato represor para detenernos en la carretera con radares y sirenas…simplemente porque íbamos a 115 km/hora cuando lo marcado en la carretera eran 100 km/hora. Así están las cosas.

Conforme pasan los años, la Constitución viene siendo, cada vez más, papel mojado. Invito al lector a que la lea un día reposadamente y compare la diferencia entre lo que ahí se dice y lo que es este país. No me refiro solo al artículo 14—“Los españoles son iguales ante la ley”—sino a otros muchos preceptos legales que nos indican que una vez más se produce en nuestro país una fractura que denota lo poco coherentes que somos y ofrece una explicación de lo que nos pasa en el contexto internacional.