Cabra

La vicesecretaria general de Política Institucional del PSOE en Córdoba y parlamentaria electa por Córdoba, Soledad Pérez junto con la edil socialista de Cabra Teba Roldán han dado las claves para interpretar la reforma sanitaria planteada en el Real Decreto de 20 de abril y que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

En primer lugar, la concejal egabrense en referencia a la presentación ayer del proyecto RELAS (Red de Acción Local en Salud) en el que el alcalde Fernando Priego dijo que la salud era “el futuro de todos los ciudadanos”, Roldán ha sugerido que traslade esa idea al gobierno de Rajoy, ya que a través del copago, la limitación a inmigrantes y a los jóvenes sin cotizar mayores de 26 años, la garantía de sanidad universal no está asegurada.Soledad Pérez, que la semana pasada tomó posesión como parlamentaria socialista, ha iniciado junto con otros compañeros de partido una ronda de encuentros por la provincia para informar del devenir político. En esta ocasión se ha acercado a Cabra para dar datos sobre la Reforma Sanitaria y los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán con la mayoría absoluta del Partido Popular y, como primer apunte, no respetan el porcentaje poblacional recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Según esto, del 17% total que debería obtener nuestra comunidad, sólo se recibirá un 14,6%, unos 500 millones de euros menos, descendiendo incluso un 53,3 % para la inversión en la provincia de Córdoba. La parlamentaria ha indicado que si un español recibe de los presupuestos generales cerca de 270 euros, los cordobeses sólo obtendremos 101 euros de media.

Además, la vicesecretaria de política institucional explicó que, aunque los populares empleen de manera peyorativa la frase “herencia socialista”, la inversión en la ciudad de Cabra durante el gobierno del PSOE fue cercano a los 13 millones de euros en su última legislatura. Centrándose en sanidad Pérez ha querido remarcar que es la primera vez que se rompe el modelo universal, público y gratuito que los socialistas lanzaron en los años 80 del pasado siglo, al excluir de esta definición a los inmigrantes no regularizados que sólo podrán acceder a las urgencias (colapsando con ello este tipo de consultas), a los mayores de 26 años que demuestren que no tienen ingresos (que sólo podrán acceder a programas de beneficiencia), el copago también para los pensionistas (llamado re-pago, pues a través de sus cotizaciones ya han pagado la sanidad) y la no garantía para los sanos ya que al mermar la calidad del servicio podrían provocarse contagios de distintas enfermedades.

Para finalizar, la parlamentaria quiso incidir en que una política de austeridad es necesaria para los momentos en los que vivimos, pero que la nueva norma popular no implica tal efecto, ya que han sido ellos mismos los que no han aprobado la subasta pública de medicamentos que quiso hacer efectiva la Junta de Andalucía. Es por ello por lo que se plantean desde el Partido Socialista recurrir al Tribunal Constitucional para eliminar el Real Decreto de la Ministra Ana Mato.