POLÍTICA. El grupo municipal Ciudadanos Lucena a través de su portavoz, Purificación Joyera, ha puesto de manifiesto serias irregularidades que se vienen provocando en los Centros Sociales Municipales de Lucena y que supondrían el amparo de actividades con ánimo de lucro en estos centros a pesar de la prohibición expresa que al respecto refleja el Reglamento de Usos y Funcionamiento de los mismos.

 

Joyera ha señalado que “hasta en tres Comisiones este grupo ha puesto de manifiesto y con pruebas esas irregularidades que se están produciendo sin que el equipo de Gobierno haga nada al respecto, lo que supone un claro agravio para muchos profesionales lucentinos”. Y es que según ha informado la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento “tenemos pruebas de que se están dando casos en los que alguna asociación, beneficiaria por su condición del uso de un Centro Social, ha firmado un contrato con un profesional, para que éste imparta sus clases, fijando y percibiendo de manera unilateral éste último los precios de las mismas, en las que además no existe control de que sean únicamente los socios de la beneficiaria los que perciban dichas clases”

 

Los Centros Sociales Municipales de Lucena cuentan a través de su propia Comisión con un Reglamento de Uso y Funcionamiento cuya aprobación y entrada en vigor tuvo lugar el pasado año, donde quedaban recogidos una serie de apartados “encaminados a evitar que en los Centros Sociales se produjeran actividades con ánimo de lucro que supusieran una competencia desleal con otros profesionales de la ciudad” ha remarcado Purificación Joyera, que sí ha apuntado como casos excepcionales la contratación de un monitor por parte de la asociación beneficiaria del uso del centro social “siempre y cuando la tarifa o precio por las clases se fije mediante un precio público, es decir, regulado por el propio Ayuntamiento, ya que se da en un espacio municipal y que pagamos todos los lucentinos”

 

A juicio de Ciudadanos esto supone un claro caso de competencia desleal ya que “cuando alguien quiere ejercer su actividad lo primero que necesita es un espacio, que a su vez conlleva a gastos de alquiler, luz, agua, mantenimiento y seguro. Sin embargo, de esta forma se está dando cabida a actividades que todo esto se lo ahorran, agravado porque sea el propio consistorio el que lo permite con su pasividad ante los hechos denunciados”. Joyera ha concluido su intervención señalando que esto es un caso generalizado y por ello “no queremos acusar ni a las asociaciones, ni a los profesionales, estamos convencidos de que ellos deben estar redirigidos por el Ayuntamiento que debe velar y garantizar que sus propias normas se cumplan, mucho más si tienen conocimiento, como es el caso, de que esto no está sucediendo”.