La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, ha manifestado que la mala gestión del gobierno de la Junta de Andalucía en políticas sociales está poniendo en peligro la asistencia de miles de usuarios, así como los puestos de trabajo de muchos trabajadores que prestan estos servicios.

“El gobierno de la Junta de Andalucía en los últimos 4 años han dejado de invertir  más de 266 millones de euros en políticas sociales, cantidad que se suman a los 415 millones de euros que han recortado en una legislatura en Andalucía”, comenta Obrero. En la provincia de Córdoba, de los 11 millones de euros presupuestados han dejado sin ejecutar casi 2 millones de euros en la provincia de Córdoba.

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Córdoba llevara mañana a la Comisión de Salud y Bienestar Social del Parlamento Andaluz una proposición no de ley exigiendo a la Consejería del ramo que realice de inmediato los pagos comprometidos y pendientes con la Asociación Amara de Lucena, que aseguren su viabilidad y funcionamiento, así como la continuidad de los servicios y la atención a todas personas usuarias con discapacidad.

Las dificultades económicas que atraviesa la Asociación de Personas con Discapacidad Amara, de Lucena, se han venido denunciando desde hace un año, por los retrasos reiterados en el pago de las subvenciones por parte de la Junta de Andalucía. “Durante estos últimos meses, la situación económica ha empeorado, poniendo en grave peligro su viabilidad y situándola al borde de la suspensión de pagos”, afirma Obrero.

Las Consejerías de Educación, Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía deben al día de hoy más de 533.000 euros a este centro asistencial, asfixiando por completo la gestión económica y el mantenimiento de los servicios sociales que se están prestando actualmente. Convenios y subvenciones que financia la Junta de Andalucía con entidades y organizaciones andaluzas para la atención de personas con discapacidad, pero cuyos impagos e incumplimientos por la Administración están lesionando los derechos reconocidos en la Ley 1/1999 de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Andalucía o el propio artículo 49 de nuestra Constitución Española, asegura la parlamentaria cordobesa.

“No podemos olvidar que estas entidades complementan –no sustituyen– la responsabilidad pública de promoción, satisfacción y protección de los derechos sociales que corresponde a la Administración andaluza. Dice Obrero además que son completamente  injustos los impagos, más aún cuando las entidades bancarias no facilitan el crédito, y estos centros se ven obligados a subsistir con fondos propios, que a menudo son escasos y proceden de las cuotas de los asociados, para seguir prestando su labor asistencial y hacer frente a los gastos básicos de mantenimiento de la entidad y del propio personal.

La Asociación Amara, como centro asistencial de personas con discapacidad, es un referente comarcal de la Subbética cordobesa. Con más de 40 años de funcionamiento ha venido prestando servicios a los usuarios y a sus familias para conseguir mejorar la calidad de vida, la normalización e integración de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Los logros de esta entidad han generado un gran reconocimiento y respaldo social. Actualmente, este centro tiene 91 plazas concertadas con la Junta de Andalucía para la asistencia residencial y unidad de estancia diurna, pero también ofrece formación profesional e inserción laboral a través del Centro Especial de Empleo. En total son más de 140 los usuarios atendidos por monitores, especialistas, profesionales, personal de servicios y administración, que, con su trabajo y esfuerzo, consiguen cubrir las necesidades básicas, mejorar la calidad de vida, la estabilidad emocional y psíquica, así como el auxilio en la adaptación a las realidades sociales de estas personas con discapacidad.