En la tarde del martes 14 de mayo se ha celebrado una mesa redonda sobre el proyecto de ley de la administración local (que pretende aprobar el gobierno de Mariano Rajoy) entre los militantes del PSOE de Lucena a la que ha asistido como ponente Rosa Aguilar, diputada en el Congreso, que ha explicado que la intención que tiene el PP con esta reforma significará un hachazo mortal para el ámbito de lo local y, sobretodo, al medio rural.

Según Aguilar, los consistorios, con 34 años de historia, son las instituciones que sienten como más cercanas los ciudadanos y es por ello que el PSOE pretende parar esta reforma, porque se pierden derechos, oportunidades y deja a los ayuntamientos como entes administrativos inservibles para solucionar problemas cotidianos pasándose competencias a las diputaciones y las comunidades autónomas.

Continuaba la congresista explicando que en ayuntamientos como el de Lucena este proyecto arrebatará los servicios sociales como el Plan Concertado y las ayudas de emergencia en extrema necesidad y que deben solucionarse de inmediato. Estas  competencias pasarán, en municipios de menos de 50.000 habitantes a las comunidades autónomas que sin embargo no recibirán más dinero por asumirlas por lo que también se verán asfixiadas. Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes serán asumidos por las diputaciones, que no son órganos de elección directa eliminando con ello la democracia y despachando servicios a groso modo pensando con ello en la privatización de los servicios públicos y la rentabilidad económica en una clara maniobra ideológica de largo alcance.

Todos los asistentes, entre ellos el alcalde de Lucena Juan Pérez y Bárbara Carrillo, secretaria de bienestar social en la junta local, coincidían en que es muy importante que los ayuntamientos se pronuncien en contra de la reforma, así como en el Parlamento y el Congreso porque se ha demostrado que estas instituciones emplean muy bien los recursos públicos para llegar al máximo número de ciudadanos. No entendían la acusación de la deuda dejada por los consistorios ya que sólo supone el 4,5% del total de España, y de ese porcentaje la mitad es de ayuntamientos de capitales y un cuarto de el de Madrid.