Lucena

Las reacciones no se han dejado esperar. Si ayer el propio concejal de Urbanismo informaba a los afectados por el cauce del arroyo Doña Elvira a su paso por Los Poleares de la decisión tomada por el alcalde, hoy mismo el Partido Popular califica los hechos de “represalia política”. La oposición considera que los decretos municipales son una respuesta plausible a su denuncia en pleno sobre la situación de riesgo que presentaba esta cuenca.

Tras la sesión plenaria de junio, tan sólo dos días después, el edil del área urbanística, Francisco de Paula Algar (PSOE), ordenaba un estudio a la Gerencia sobre la situación de Los Poleares. Este mandato servía de preludio a los dos decretos dictaminados por el regidor lucentino, José Luis Bergillos, con fecha de 5 de julio. En estos documentos se “reitera la orden de clausura” de las entradas a las parcelas colindantes a la carretera según otro decreto del 7 de abril de 2009, y se ordena a la Policía Local y a Serviman –empresa de mantenimiento y limpieza- para que pongan las balizas correspondientes.

Estos trabajos están previstos para mañana. Los vecinos ya han anunciado movilizaciones en contra de la medida. Y es que en el decreto de este mismo mes se especifica la prohibición del tránsito rodado y a pie por las pasarelas que dan acceso a las viviendas que colindan con la vía, “unas pasarelas que el propio Ayuntamiento construyó en el año 2007, aunque nadie se responsabiliza de las mismas”, recuerdan desde el PP.

El líder popular, Manuel Gutiérrez, en comparecencia ante los medios, explicaba que existe otro informe técnico en poder del equipo de gobierno donde se reitera el peligro existente en la zona ante posibles venidas de aguas torrenciales, “un informe que también confirma lo dicho en otro fechado el 1 de abril de 2009”.

Pero el tema no queda aquí. El PP “estudia jurídicamente” la posibilidad de “llevar al juzgado” a la propia Gerencia “por el contenido del decreto, por la dejación de funciones y responsabilidades y por presunta prevaricación”. La oposición piensa que desde el PSOE están haciendo “una dejación de servicios manifiesta” en la zona y que carecen de “voluntad política” suficiente para iniciar la legalización de este entorno urbano consolidado.

En este sentido, el edil popular José María Morillo-Velarde, apuntó que “el problema de fondo es el encauzamiento del arroyo”, cuyo proyecto ya está redactado y cifra la intervención en un millón de euros. “El Ayuntamiento puede actuar en este cauce, como lo está haciendo en otros con la supervisión de la Agencia Andaluza del Agua; es una cuestión de prioridades y no de dinero”, decía.

El concejal también incide en el hecho de que los informes técnicos hablan del peligro de “4 ó 5” pasarelas, aunque finalmente está previsto clausurar las 14 existentes. “Si hace 15 meses se advertía de la situación por qué no se tomó la decisión entonces; intentaba el alcalde meter el miedo en el cuerpo y no se creía el tema o entraba en la temeridad de no hacer cumplir la medida a sabiendas del riesgo”, se preguntan desde el PP mientras buscan la respuesta en la mera “represalia política”.GM