LUCENA.    

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que se encuentra en pleno trámite parlamentario, literalmente se dice:

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de  buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa.”

Recomendamos su lectura a nuestro Alcalde, al Concejal delegado de Personal y al Presidente del Patronato Deportivo Municipal, cuyos incumplimientos con respecto al derecho a la información para con este Sindicato los sitúan en la antítesis de los principios inspiradores de dicha Ley.

Los hechos a los que nos referimos, y que atentan gravemente contra los derechos de libertad sindical son los siguientes:

En primer lugar la reiterada negativa a facilitarnos la información correspondiente a las gratificaciones que por parte del Presidente del Patronato Deportivo Municipal se vienen abonando a determinado personal de dicho Organismo, lo que supone una clara vulneración a lo establecido en el artículo 82 del vigente Acuerdo Marco que de manera explícita dice: “mensualmente los Servicios de Personal informarán por escrito a los representantes de los trabajadores, de los empleados que hayan devengado dichas gratificaciones, su cuantía y causas que las han motivado”, incluyéndose dentro del ámbito de aplicación de esta norma al personal del Patronato Deportivo Municipal (artículo 3.E).

Ni nuestro primer escrito dirigido con fecha 21 de febrero al Alcalde Juan Pérez denunciándole esta situación, ni nuestro segundo escrito de reiteración de fecha 21 de mayo han dado de momento sus frutos, desconociendo si esa opacidad es por ignorancia al deber de cumplimiento de las normas que los obligan a facilitar la información solicitada, o por la dificultad de poder justificar su cuantía y las supuestas causas que las han motivado, máxime cuando al resto del personal de esta Administración se les niega el abono de las horas extras y se les obliga a su compensación en descanso, algo de lo que estaríamos absolutamente de acuerdo siempre que esta medida se aplicara a todos por igual.

En segundo lugar queremos referirnos a la famosa revisión de la valoración de puestos de trabajo (V.P.T.) llevada a cabo por la Comisión designada por la Mesa General de Negociación, de la que con fecha 15 de marzo presentamos solicitud al concejal Delegado de Personal a fin de que nos facilitara copia del documento elaborado por dicha Comisión. Transcurridos más de tres meses, continuamos a la espera.

Se da en este caso la circunstancia de que la negativa a facilitarnos esta información - a la que tenemos derecho como miembros de la Mesa General de Negociación -, contrasta con el conocimiento que de la misma tienen el resto de Secciones Sindicales, unas por su participación directa en dicha Comisión (CSIF, CCOO y UGT), y otras por el ímpetu con la que han defendido la mencionada revisión (USPLL y S.P.P.M.E). Consideramos que aunque por impedimento legal no pueda aplicarse esta revisión de puestos de trabajo tanto nosotros como el resto de trabajadores tenemos derecho a conocerla.

Corolario: Quizás no hagan falta leyes nuevas, sino políticos nuevos que respeten el Estado de Derecho y cumplan la normativa actual.