PROVINCIA. El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), dependiente de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, ha informado de la puesta en marcha de un Programa Extraordinario de Garantía Alimentaria, con el que “atender, de forma excepcional, las necesidades básicas de alimentación de la población más vulnerable frente al COVID-19”. 

 

Así lo ha señalado Sánchez, quien además ha destacado que “el estado de alarma ha ocasionado que existan colectivos de personas como menores, familias, personas con limitaciones funcionales y/o pertenecientes a grupos de riesgo (mayores, enfermos crónicos, pacientes oncológicos, etc.) que, por sus características especiales y la restricción de movimientos por la medida de cuarentena impuesta a la población, no pueden realizar la compra y/o preparación de los alimentos”.

 

Según ha explicado Sánchez, el “programa, que cuenta con un millón de presupuesto, va destinado a familias y/o personas que tengan dificultades para el desarrollo de las habilidades de organización domésticas básicas, tales como familias desestructuradas, enfermos mentales, personas con adicciones, etc; los menores que no forman parte de los programas de la Junta de Andalucía y que puedan verse en una situación de riesgo o desprotección por pertenecer a esas familias desestructuradas; y mayores o con limitaciones funcionales, así como las personas sin apoyo familiar y con dificultades para la preparación de alimentos y que no estuvieran incluidas en los Planes Extraordinarios de Cuidado de Ayuda a Domicilio o en el programa de Ayuda a Domicilio de Emergencias COVID-19”.

 

 

La distribución de los paquetes de alimentos se “realizará mediante empresas especializadas, que los llevarán a las instalaciones designadas al efecto por el ayuntamiento de cada una de las localidades en las que presta sus servicios el Instituto Provincial de Bienestar Social y, una vez allí, se procederá al reparto de los mismos. No obstante, también se podrá llevar al domicilio de los beneficiarios, en el supuesto de que éstos tengan limitaciones funcionales o sean personas pertenecientes a los colectivos de riesgo con mayor incidencia de la pandemia”, ha apostillado Francisco Ángel Sánchez..

 

 

Por otra parte -y también para garantizar la alimentación entre la población infantil- el presidente del IPBS ha adelantado que “se va a proceder a ampliar el número de beneficiarios del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil (PRAI /SYGA), que desarrolla la Junta de Andalucía y en el cual está colaborando activamente el Instituto Provincial de Bienestar Social, dado el incremento de las situaciones de vulnerabilidad como consecuencia del COVID-19 entre las familias de nuestra provincia”.

 

Finalmente, Sánchez, ha añadido que para ello, se “elaborará una relación por cada centro educativo con comedor escolar del municipio, que contendrá los nombres y apellidos del alumno o alumna junto con el del padre/madre o tutor legal. Este alumnado deberá estar matriculado en centros educativos que ya dispongan del servicio complementario de comedor escolar”.