ANDALUCÍA. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2023-2029, que adapta el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía a la evolución de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y profundiza en aspectos emergentes como la transformación digital, el cambio climático, la economía circular o la bioeconomía.

El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2023-2029 tiene como objetivo general la producción y mejora continua de datos e información de carácter estadístico y geoespacial, que proporcionen conocimiento sobre la realidad territorial, demográfica, social, económica y ambiental de Andalucía, así como de su evolución. Se trata, además, de que toda esta información sea más oportuna, relevante, accesible, reutilizable y de calidad, y permita asistir adecuadamente en la toma de decisiones para las labores del Gobierno, las empresas y la ciudadanía.

El nuevo plan profundiza en el aprovechamiento de las ventajas de la integración de los sistemas de información estadísticos y geoespaciales, la puesta en valor de nuevas fuentes que se incorporan al proceso productivo, la mejora en la accesibilidad e interoperabilidad que aproveche las sinergias de todos los participantes en el sistema, y la incorporación de nuevas necesidades de información asociadas a la medición de nuevos fenómenos y la digitalización de todo el proceso de diseño, tratamiento y generación de información.

El plan, coordinado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), se desarrollará a través de programas anuales que se aprobarán mediante decreto y que especificarán, para cada una de las actividades, las tareas concretas que se llevarán a cabo.

El proyecto de ley que ha pasado este martes por el Consejo de Gobierno tuvo una tramitación anterior, en la que incluso superó el debate de la totalidad en el Parlamento de Andalucía, antes de que éste quedara disuelto tras la convocatoria de elecciones autonómicas.

Al no haber sobrevenido cambios normativos que conlleven modificación sustancial, el texto se mantiene tal y como fue aprobado en su día por el Consejo de Gobierno, con la traslación de su periodo de vigencia inicial (2021-2027) a 2023-2029 y la adaptación a las competencias de las nuevas Consejerías creadas tras las elecciones.