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El PA: persecución y política de derribo que lleva el PP contra los emigrantes retornados

ANDALUCÍA.             

El Secretario General del PA, Antonio Jesús Ruiz, denuncia la “persecución y política de amenaza y derribo que el Gobierno está llevando a cabo contra las y los emigrantes retornados a nuestra Comunidad Autónoma, al estar reclamándoles con intereses y sancionando, a través de la AEAT, el pago de atrasos de pensiones extranjeras no declaradas desde el año 2.008, cuando la causa de esa “no declaración” ha sido propiciada por la propia información ofrecida por la Administración Tributaria”.

Manifiesta, el líder andalucista,  que “tras esas actuaciones inspectoras masivas contra las y los  emigrantes andaluces retornados y las pensiones que de otros países perciben, no hay sino una avaricia y desesperación recaudatoria del Gobierno del PP, ya que si hasta ahora, ni los propios funcionarios de la AEAT sabían de la existencia de una norma que obligaba a tributar por dichas rentas, informando en ese sentido a todo emigrante que les preguntó, ahora no puede el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, decir que cabe pedir esos impuestos no tributados, porque la obligación de su declaración estaba expuesta en la página web del Ministerio de Hacienda. Si los propios empleados de tal Ministerio, pese a esa página web, informaban que eran rentas exentas de tributación, ¿cómo unos pensionistas, iban a saberlo?”

Lola de Toro, Secretaria Nacional de Políticas Sectoriales, ha denunciado hoy “que 800.000 personas en España, entre ellas 180.000 andaluces y andaluzas retornados del extranjero y que perciben algún tipo de pensión por trabajos desempeñados fuera de España, están siendo sometidos a una política agresiva y desalmada por parte del Ministerio de Hacienda, ya que este les está abriendo expedientes sancionadores por el mero hecho de no haber declarado estar percibiendo una pensión extranjera, imponiéndoles 150 € de multa si dicha pensión por su cuantía no da lugar siquiera a ingresar y reclamándoles el pago de retenciones de I.R.P.F. desde el 2008, con intereses y una multa del 50% de la cantidad “defraudada”, (sic), si por el contrario dicha pensión daba lugar a pagar”.
 

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