CÓRDOBA.     

La Diputación de Córdoba ha acogido esta mañana una jornada en la que expertos del despacho de abogados Montero-Aramburu han explicado a un centenar de asistentes algunos de los aspectos relacionados con la nueva Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.

El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado que se trata de una interesante iniciativa “con la que seguimos avanzando en la formación, información y preparación de nuestros emprendedores para que estén mas cualificados de cara al mercado, para vender más y mejor”.

Por su parte, Alfredro Álvarez, socio presidente del Despacho Montero-Aramburu, ha subrayado que “estamos ante una Ley que intenta ir más allá de la propia coyuntura de la crisis, que intenta preparar un camino, en todos los aspectos, mejor y más fácil para los emprendedores”. “Es una norma ambiciosa que modifica 22 leyes, que no sabemos si dará o no resultado, el tiempo lo dirá, pero al menos estamos intentando poner los cimientos para un mejor futuro para el empresario” ha señalado Álvarez.

Con el título ‘Análisis de la ley de apoyo a los emprendedores y otras novedades tributarias’, se han realizado diferentes ponencias para tratar, entre otros asuntos, los apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los emprendedores, el régimen de caja en el Impuesto sobre el Valor Añadido o las modificaciones aprobadas en relación al Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Asimismo, se han abordado temas en materia registral y concursal, sobre cómo la ley permite a las empresas llegar a un acuerdo con los acreedores con una mayoría del 60%, sin pasar por el juez y sólo con la intervención de un mediador y un notario para la realización de la escritura pública.

Otra de las novedades introducidas por la Ley de Emprendedores es la aparición de la figura del Empresario de Responsabilidad Limitada, quien puede proteger su vivienda de deudas empresariales de hasta 300.000 euros contraídas con posterioridad a su inscripción en el registro como empresario individual y emprendedor.

En la misma línea, la norma introduce la creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Formación Sucesiva, que permite la creación de empresas con un capital social menor a los 3.000 euros, y la creación de puntos únicos de atención al emprendedor desde los que llevar a cabo todos los trámites de creación de una empresa.