CÓRDOBA.     

• El Partido Popular llevará mociones a los ayuntamientos instando al gobierno de Susana Díaz a que apruebe este proyecto recogido en el Estatuto de Autonomía.
• Esta ley es un mandato estatuario que sigue sin cumplirse, a  pesar de que ha sido la eterna promesa  tanto del PSOE como de IU en campañas electorales y en el Parlamento.

La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba, Rafaela Obrero, ha afirmado que Andalucía y Córdoba necesitan una Ley andaluza de Inclusión Social y el derecho a la renta básica, por la difícil y dramática situación que están sufriendo muchas familias en estos momentos.

Obrero ha anunciado que el Partido Popular llevará una moción a los plenos de las Corporaciones Locales instando al gobierno andaluz a aprobar, a la mayor brevedad, un proyecto de ley de inclusión social que regule, entre otros asuntos, la renta básica como derecho de todos los andaluces, como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. “Nuestra comunidad autónoma necesita una legislación que garantice una condiciones de vida dignas para muchas familias andaluzas que lo están pasando mal, con el principal objetivo de prevenir las situaciones de pobreza, exclusión y marginación social, y poder así eliminarlas”, dice la parlamentaria andaluza.

Andalucía registra unos elevados índices de pobreza situándose entre las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y de paro de España. Cada día que pasa crece el número de personas y familias en situación de pobreza  o exclusión social, y así lo ponen de manifiesto los últimos informes publicados, como el de Cáritas que revela  que Andalucía es la Comunidad donde es mayor la intensidad de la pobreza; o la Encuesta de Condiciones  de Vida 2013, que alerta de que uno de cada tres andaluces vive por debajo del umbral de la pobreza.

Las causas de la exclusión son variadas, pero en Andalucía se intensifican especialmente por problemas  derivados de las alarmantes cifras de desempleo registradas en nuestra comunidad autónoma, que ostenta la mayor  tasa de hogares con todos sus miembros en paro y se sitúa a la cabeza en el desempleo de larga duración,  circunstancias que se traducen más pronto que tarde en un mayor empobrecimiento y deterioro social y  económico de las personas y de sus familias.

“Por esto, en Andalucía se hacen más necesario que nunca y que en cualquier otro lugar de España, instrumentos para reducir los niveles de exclusión social existentes, ya que la única normativa que hay en este sentido es la que regula el denominado «Ingreso Mínimo de Solidaridad», que, además de ser claramente insuficiente, el  Gobierno andaluz la incumple sistemáticamente”, dice Rafaela Obrero.

Además, el gobierno de Susana Díaz ha recortado en 421 millones de euros de las inversiones previstas en el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014, en los tres pilares fundamentales de las políticas sociales en nuestra tierra, como son sanidad, educación y políticas sociales, afirma.