La responsable de política sociales de la Diputación de Córdoba, Dolores Sánchez, ha denunciado hoy que la Junta de Andalucía adeuda al Instituto Provincial de Bienestar Social 13,4 millones de euros correspondientes a las transferencias de la ayuda a domicilio del último trimestre de 2012 (7.609.230 euros) y el primer trimestre de 2013 (5.832.556 euros).
Sánchez, que ha calificado la situación de “insostenible”, ha reclamado al Gobierno regional “que sea sensible con los que peor lo están pasando y que pague cuanto antes ya que hablamos de personas dependientes que en muchos casos están solas y sin familias que las puedan atender”.
La diputada provincial ha recordado que los impagos afectan tanto a las personas dependientes como a las trabajadoras que prestan el servicio. “La ayuda a domicilio genera puestos de trabajo en los municipios, sobre todo de mujeres cuyos ingresos son los únicos que están entrando, por lo tanto hay que pagar cuanto antes”.
Del mismo modo, ha instado a la Junta de Andalucía a resolver las valoraciones que ya han sido realizadas o, al menos, a cubrir los fallecimientos con nuevas resoluciones. “Es grave que la Junta no haga resoluciones nuevas y que no pague y tiene que cumplir los convenios, que recogen que tiene que pagar a comienzos de cada semestre o cada dos meses”, ha insistido.
Por otro lado, se ha referido al estado del convenio de drogodependencias, cuya vigencia termina en marzo y “del cual sólo tenemos una declaración de intenciones, no sabemos por qué importe económico se hará ni cuanto tiempo”.
En este sentido, ha recalcado la importancia de saber qué ocurrirá con el mismo, ya que “de él depende la prórroga de los contratos de los psicólogos y médicos que están trabajando en la provincia, incluyendo Córdoba capital”.
Finalmente, la vicepresidenta del IPBS ha insistido en la voluntad de todo el equipo de gobierno provincial de mantener en los municipios de menos de 20.000 habitantes los programas sociales que más ayudan a las familias, como el de Emergencia Social (al que se destinaron 150.000 euros en 2012), las Ayudas Económicas a las Familias (250.000 euros), el de Empleo Social (600.000 euros ejecutados en 2012) y la Ayuda a Domicilio de Urgencia (700.000 euros).
“Si hay que hacer una modificación de presupuesto para implementar estar partidas y que nadie se quede sin ninguno de estos programas se hará, porque las administraciones tenemos que estar al lado de los que más lo necesitan en estos momentos”, ha reiterado.
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