ANDALUCÍA.      

· Esta decisión unilateral del gobierno andaluz repercutirá directamente en los servicios sociales y comunitarios de los que se benefician los cordobeses.

El secretario general del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha mostrado su rechazo al tijeretazo que el gobierno bipartito de PSOE e IU de la Junta de Andalucía han dado a las subvenciones de la Consejería de Presidencia para ayuntamientos y otras entidades.

Para Molina, estamos ante un nuevo recorte del gobierno andaluz que alardea de municipalismo y de políticas sociales, cuando el mismo tiempo da un nuevo mazazo a la sociedad andaluza eliminando de un plumazo, sin comunicación previa y con mucho oscurantismo la convocatoria de subvenciones para actividades de interés general, que mantenía abierta desde el año 2002.

Estas ayudas, según constaba en las bases por las que se concedían, tenían como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y corregir desigualdades entre los andaluces, y se destinaban a ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y entidades sociales y asistenciales.

“Esta decisión unilateral del gobierno andaluz repercutirá directamente en los servicios sociales y comunitarios de los que se benefician los cordobeses, ya que muchos de estos servicios están en mano de asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales, que ahora verán sus proyectos paralizado de golpe por la drástica decisión de la Junta de Andalucía”, dice el parlamentario popular. Así, se verán perjudicados, por poner sólo un ejemplo de la larga lista, centros de la tercera edad, colectivos de discapacitados y de defensa de enfermos de diversas patologías, medios de comunicación, asociaciones de inmigrantes, o coordinadoras antidroga.

Sin embargo, el gobierno de Susana Díaz y Diego Valderas no le mete la tijera a su aparato político ni a la cúpula de su administración paralela, que siguen siendo tan mastodónticos como antes de la crisis, y constituyen el mayor ejemplo de derroche económico con el dinero público de todas las administraciones españolas.

En el caso de las Corporaciones Locales, se trata además del enésimo mordisco a su financiación por parte del bipartito de PSOE e IU, que no ha tenido bastante con el brutal recorte de 180 millones de euros en dos años al PATRICA, ni les ha resultado suficiente el tijeretazo de 1.500 millones de euros al Plan de Cooperación Municipal en los últimos tres años, o la eliminación de los anticipos de tesorería, instrumento muy socorrido para los momentos de falta de liquidez en las haciendas locales.

Adolfo Molina ha criticado también la falta de palabra del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que hace menos de un mes antes de la aprobación de los Presupuestos de la Junta para 2014 aseguraba que la Junta de Andalucía sigue firme manteniendo las partidas que van dirigidas a los ayuntamientos andaluces, que Andalucía no va a restar ni un euro a ninguno de los ayuntamientos de la comunidad, o que los ayuntamientos mantendrán su situación económica de cara a 2014.

“Mientras esto sucede, el sindicato hermano del PSOE sigue recibiendo ayudas millonarias de la Junta de Andalucía como si nada, a pesar de haberse constatado el uso fraudulento que este sindicato ha venido haciendo durante años de estas subvenciones”, dice el parlamentario popular.

Así, el Partido Popular llevará a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba una moción en la que se muestre el rechazo a la eliminación de las ayudas previstas en la Orden de 30 de diciembre de 2011, para la realización de actividades, inversiones o actuaciones enmarcadas dentro de los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, por suponer un nuevo este recorte del Gobierno Andaluz a los ayuntamientos, a las organizaciones no gubernamentales y a las entidades sociales y asistenciales,  repercutiendo claramente sobre el interés general y la calidad de vida de los andaluces, en el momento en que más se necesitan. “Además, vamos a exigir una vez más al gobierno andaluz de que salde de una vez la millonaria deuda que acumula con los ayuntamientos cordobeses, que mantiene a muchos de ellos en situación de asfixia financiera”, asegura Molina. Solo a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en la provincia de Córdoba la Junta les adeuda más de 20 millones de euros.