ANDALUCÍA.    

Está previsto culminar a finales de este mes el abono a estos profesionales de todos los pagos pendientes y certificados del pasado año por este servicio.

La Consejería de Justicia e Interior ha hecho efectivo un nuevo pago de 4,58 millones de euros a los consejos andaluces de abogados y procuradores para sufragar los servicios de  asistencia jurídica gratui-ta prestados por estos profesionales en Andalucía durante el pasado año.

El pago de esta nueva cuantía corresponde a las cuotas pendien-tes del segundo y tercer trimestre de 2013, de los cuales 681.129 euros se han destinado al pago de los procuradores -tercer trimestre de 2013- y 3.899.971 euros al de los letrados -segundo y tercer trimestre de 2013- y se refieren a los servicios prestados y certificados por los respectivos colegios profesionales en el turno de oficio y a los gastos de funcionamiento de ambos.

De esta forma, la Administración andaluza da cumplimiento al acuerdo alcanzado con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para el abono de este servicio que prestan más de 8.000 abogados y procuradores en la comunidad autónoma. La Consejería de Justicia e Interior y los responsables de los colegios de abogados andaluces acordaron el pasado noviembre un nuevo plazo de pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de liquidar en el primer cuatrimestre de este año todos los servicios prestados y certificados de 2013 que realizaron estos profesionales.

En virtud de ese acuerdo, la Consejería de Justicia e Interior sigue sufragando mensualmente diversas cuantías de este servicio y prevé culminar a finales de este mes todos los pagos pendientes del pasado año. Con esta nueva cantidad, el importe abonado en el último año se eleva a 37,63 millones de euros por la prestación de este servicio, mientras que desde enero se han pagado ya estos profesionales 14,62 millones.

El servicio de asistencia jurídica gratuita garantiza la representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales y hacer realidad el principio de igualdad ante la Justicia. Además, es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.