POLÍTICA. Andalucía ha recaudado más de 600 millones de euros gracias a las actuaciones de control y lucha contra el fraude fiscal desarrolladas a través de la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) desde el año 2013. Así lo ha expresado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha presentado un balance correspondiente a los últimos doce meses, periodo en el que se han ingresado 214 millones de euros, lo que -a su juicio- tiene un gran valor debido a las limitadas competencias de la Junta en este ámbito, ya que solo puede ejercer un control sobre los tributos propios y aquellos cedidos por el Estado, lo que representa tan solo el 10% de los ingresos financieros del presupuesto autonómico.
Montero ha indicado que en las convocatorias de empleo público correspondientes a las ofertas de 2015 y 2016 que se van a desarrollar en los próximos meses, se ha reservado un número importante de plazas para técnicos de gestión financiera, tanto de acceso libre como de promoción interna.
La consejera se ha referido al Barómetro del CIS correspondiente al pasado mes de julio, en el que se recogían preguntas relativas a fiscalidad y que ofrecía datos como que el 95% de los ciudadanos cree que existe mucho o bastante fraude, una cifra que ha considerado "alarmante". Del mismo modo ha mostrado su preocupación porque casi las dos terceras partes de los encuestados pensaban que la Administración pública hace poco o muy poco para luchar contra el fraude fiscal. Por ello ha defendido el "importante esfuerzo" que viene realizando la comunidad autónoma en los último años para evitar y corregir conductas fraudulentas en torno a los impuestos así como para modificar la percepción ciudadana sobre la importancia de su contribución al sostenimiento de los servicios públicos a través del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Según ha expuesto, las líneas de trabajo que desarrolla la Agencia Tributaria de Andalucía en la lucha contra el fraude son cuatro, esto es, la concienciación, el control de las presentaciones de autoliquidaciones, el control propiamente dicho sobre las declaraciones realizadas y, finalmente, la gestión eficiente de la recaudación para asegurar el cobro en el menor plazo posible.