POLÍTICA. Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018 (PDF)

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, que asciende a 34.759,5 millones de euros. El gasto no financiero, que es el que se destina a la financiación de las políticas, se sitúa en 30.628,92 millones, lo que supone una subida del 3,9% respecto al presente ejercicio.

 

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha resaltado ante el Consejo que la Junta de Andalucía ha sido la primera administración autonómica en presentar sus presupuestos para el próximo año.

 

La cuentas andaluzas para 2018 dedican 2.183 millones de euros a empleo y desarrollo económico, además de revitalizar el Estado de Bienestar con incrementos en Educación (+3,8% respecto al presupuesto anterior) y Servicios Sociales y Dependencia (+7,4%), mientras que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará con el mayor presupuesto de su historia (9.013 millones de euros).

 

El proyecto de la ley, que será remitido al Parlamento de Andalucía para su debate y aprobación, también incorpora nuevos derechos como la Renta Mínima de Inserción Social, a la que se dedican 198 millones de euros, y la bonificación de las matrículas universitarias. Asimismo, a partir del próximo 1 de enero, ningún empleado público de la Junta a jornada completa cobrará menos de 1.000 euros al mes.

 

María Jesús Montero ha señalado que el presupuesto se ha elaborado a partir de una previsión económica prudente de un crecimiento de la economía andaluza al 2,6%, por encima de la zona euro. Con esta subida, la comunidad alcanzará en 2018 el mayor Producto Interior Bruto (PIB) registrado hasta la fecha. En términos nominales, se situará en torno a los 166.000 millones de euros.

 

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha destacado que estos indicadores económicos son positivos a pesar de que el agravio del sistema de financiación autonómica obliga a la comunidad a aportar más recursos propios a los servicios públicos, 2.197 millones de euros, lo que impide aumentar el nivel de inversiones. No obstante, estas serán de 3.709 millones, lo que supone el 12,1% del gasto no financiero, un esfuerzo que dobla al del Estado, que solo destina el 5% en sus presupuestos vigentes.