POLÍTICA. En una rueda de prensa pronunciada en la puerta de los Juzgados de Priego, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan Ramón Valdivia, manifestaba que la intención de hacer esa convocatoria de prensa en un sitio tan concreto era debido a importancia de la reclamación que se ha registrado hoy en el Ayuntamiento, ya que, el siguiente paso en esta acción de legítima reinvindicación política, no se haría en el ambiente político, sino en el judicial.
Según afirmaba Valdivia, las consignas del Sr. Mármol a sus concejales del Tripartito y a los trabajadores del Ayuntamiento han sido: “a la oposición, información la justita” y “no quiero ver concejales del PP en los despachos de los funcionarios”. Impidiendo, de manera activa, el legítimo deber de oposición de los representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento.
El gobierno tripartito acumula más de 57 peticiones de información de asuntos de alta importancia para el correcto funcionamiento de nuestro Ayuntamiento. Según afirmaba Valdivia, “el gobierno da la información que ellos consideran que quieren dar, lastrando de manera intencionada nuestra labor de oposición que está amparada por los marcos normativos más elementales como son la Constitución de 1978, la Ley de Bases de Régimen Local o el propio Reglamento de Organización Funcionamiento de las entidades locales”.
El portavoz anunciaba que tras el citado escrito registrado en el Ayuntamiento en el día de hoy, el siguiente paso será presentar una demanda por la vía penal en base al Artículo 542 del Código Penal o un Contencioso-Administrativo por cauce especial de protección de derechos fundamentales de los representantes públicos.
De igual modo, ha defendido que “la mayor parte de estos escritos están referidos a peticiones de información que se responderían ‘enviando un PDF’, en menos de 3 minutos; peticiones que distan mucho de ser las peticiones de informe que colapsaban secretaría e intervención durante semanas en la primera parte de la legislatura”. “Frente a estas peticiones mastodónticas, las peticiones del grupo popular serían innecesarias si los temas pasaran por comisión informativa antes de celebrarse”, aseguraba Valdivia.
La Ley recoge sanciones desde 200 hasta 400.000 euros, así como la pérdida del cargo público ostentado en los casos más graves, “no deseando llegar al extremo de judicializar la vida política de Priego” según el portavoz popular. Afirmando que “el Sr. Mármol, la Sra. Rogel y el Sr. López tienen una última oportunidad para dar respuesta a las peticiones de la Oposición antes de que esta denuncia sea presentada”. Instando al Sr. Mármol a que se tome tan en serio a la oposición como se toma el ser escaparate para cargos de la Junta de Andalucía desde que gobierna Priego.
