CONSUMO. La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias, a través de los Servicios de Consumo provinciales, inspeccionará hasta el mes de diciembre un total de 920 establecimientos de restauración en todas las provincias andaluzas en el marco de su Plan Anual de Inspecciones. En concreto, esta campaña pretende asegurar el cumplimiento de la normativa autonómica referente a la información que deben proporcionar a las personas consumidoras este tipo de establecimientos.

 

En la campaña anterior, tras la realización de 955 actuaciones, se constató que 116 presentaban algún tipo de irregularidad sobre los derechos de las personas usuarias, el 12,15%, en los 573 establecimientos visitados. Los tipos de establecimientos con más irregularidades detectadas en las actas levantadas continuaron siendo restaurantes (30,17% de irregularidades) y bares (18,97% de irregularidades), seguidos de cafeterías (12,07% de irregularidades).

 

Sobre los incumplimientos, destacan como principales la falta de posesión del libro de hojas de reclamaciones (un 9,79% de los negocios inspeccionados) y no tener el cartel anunciador visible al consumidor, en el 5,8% de los casos. Asimismo, en un 9,87% de los establecimientos no se encontraban expuestos los precios de comidas y bebidas así como de los servicios ofertados, mediante cartas de comidas y bebidas o listas de precios.

 

De igual modo, el informe de la Dirección General de Consumo revela que en un 9,12% los negocios sujetos a control no se cumplía con la obligación de venta por unidades de peso cuando se ofertan al público productos de charcutería, queso u otros productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal; mientras que en un 8,88% no se vendía al peso o por unidades cuando se ofertan al público moluscos o crustáceos.

 

Frente a las irregularidades detectadas, el informe destacaba el buen cumplimiento de la normativa referida a las aceiteras no rellenables.

 

Tras analizar estos resultados, la campaña de inspecciones que se desarrollará este año incidirá en cuestiones como la obligatoriedad de disponer de hojas de reclamaciones y de que la información sobre precios y servicios se ajuste a la normativa vigente. También se revisará el cumplimiento de la normativa en materia de alérgenos e intolerancias y se verificará el cumplimiento de la normativa sobre etiquetado y origen del agua filtrada y envasada para la venta.