TRABAJO. El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, acompañado del responsable de Políticas Sociales del sindicato, Said Faz, y el secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, ha reclamado a las administraciones públicas incentivos para fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad.

 

Faz señaló que “por desgracia, no estamos llegando al objetivo de la normativa de que las personas con discapacidad accedan a empleo ordinario”, en parte, porque sigue habiendo una mentalidad empresarial que cree que contratar a personas con discapacidad “puede suponer gastos añadidos” pero también por “la baja intensidad de las ayudas públicas que apoye el cumplimiento de la legislación”.

 

Según los datos recogidos en el informe de CCOO y dados a conocer por Manuel Merino, a fecha de 31 de julio de 2019 había en Córdoba 48.790 personas con certificado de discapacidad (más de un 33% de discapacidad reconocida), necesario para poder beneficiarse de las subvenciones, ayudas y exenciones fiscales para el empleo y la formación, de las que casi 22.000 se encuentran en activo, es decir, en edad de trabajar y dispuestas a trabajar. De éstas, solo el 35% cuenta con empleo (unas 7.700 personas)

 

La mayoría de las personas con diversidad funcional trabajan en el sector servicios (65%) y la agricultura (25%), precisamente los dos sectores más precarios, y en el ámbito del empleo protegido, y sufren una altísima temporalidad (el 96% de los contratos son temporales), lo que viene a demostrar que no se está cumpliendo la cuota de reserva del 2% marcada por la ley para empresas de más de 50 empleados y empleadas. 

 

Sobre la cuota de reserva, Faz indicó que “no sabemos cuál es la situación en las empresas, si se lleva a cabo o no, si hay una supervisión o no, no tenemos datos que nos digan si todas las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras en la provincia están respetando la cuota del 2%”.

 

CCOO reclama “una estrategia capaz de facilitar el empleo ordinario a las personas con discapacidad” que pasa por “velar por el estricto cumplimiento de las cuotas de reserva reforzando la vigilancia por parte de las administraciones que tienen que ser las garantes del cumplimiento de la ley; dignificar las condiciones salariales y laborales y homologarlas con las del resto de trabajadores y trabajadoras (las personas con discapacidad cobran de media un 7,5% menos que la media de los trabajadores y trabajadoras sin certificado de discapacidad); perseguir el abuso de la contratación temporal, sobre todo en los centros especiales de empleo, muchos de los cuales se crean no para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de este colectivo sino para aprovecharse de las ventajas fiscales pero no promueven el trabajo estable, digno y de calidad; introducir criterios sociales de contratación con la administración pública; incentivar la contratación de personas con diversidad funcional, favorecer la conversión de contratos temporales indefinidos; garantizar el acceso a la formación a lo largo de la vida laboral, garantizar los ajustes necesarios para adaptar los puestos de trabajo y que haya las medidas preventivas para evitar daños a la salud y accidentes laborales y mejorar las fuentes estadísticas que nos permitan estudiar todos los aspectos relacionados con el trabajo de las personas con discapacidad porque la diversidad no debe ser sinónimo de precariedad”, remarcó Antonio Sánchez.