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Los Ayuntamientos con Servicios Sociales y la Diputación recibirán 1.147.233 € de la Consejería de Políticas Sociales

PRESTACIÓN. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha aprobado destinar más de un millón de euros (1.147.233 euros) a la Diputación de Córdoba y a ocho ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios mediante la contratación de trabajadores y trabajadoras sociales.

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Inmaculada Troncoso, ha señalado en un comunicado que “este personal se encargará de proporcionar información y asesoramiento a la ciudadanía en el inicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como la elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención”.

En nuestra provincia la Diputación de Córdoba recibirá 427.951 euros, y los Ayuntamiento de Córdoba 352.087 euros, Baena 48.457 euros, Cabra 52.317 euros, Lucena 55.705 euros, Montilla 55.399 euros, Priego 57.111 euros, Puente Genil 54.159 euros y Palma del Río 44.047 euros.

Desde la implantación de este sistema para la Autonomía a la Dependencia en Andalucía, se ha atendido a un importante número de personas, ya sea a través de servicios o prestaciones económicas. No obstante, se encuentran aún pendientes de atención un elevado número de personas cuyos expedientes continúan en tramitación.

Esta situación ha requerido de la adopción de diversas medidas con la finalidad de agilizar los procedimientos en materia de dependencia y reducir el número de personas pendientes de recibir la atención que precisan por su situación de dependencia.

Para este año 2020, como novedad, se incluyen mejoras en el seguimiento y control del importe financiado, incrementándose la transparencia y previéndose un contenido mínimo en lo que respecta a la certificación que debe emitirse por la Intervención de la Corporación Local y la posibilidad de articular los correspondientes procedimientos de reintegro ante la falta de justificación parcial o total de la aplicación de los fondos a la finalidad prevista.