Lucena

"El Periódico digital para el sur de Córdoba"

El Pleno de Lucena aprueba una rebaja fiscal en una decena de tasas, impuestos y precios públicos

LUCENA. El Ayuntamiento de Lucena ha aprobado durante la sesión plenaria celebrada anoche la modificación de una decena de ordenanzas fiscales para recoger una serie de bonificaciones y exenciones en tasas municipales que contribuya a reactivar la actividad económica de la ciudad ante los efectos de la pandemia por covid-19.

Estos cambios en la fiscalidad tributaria municipal forman parte del plan especial de emergencia social y económica, aprobado ya en marzo, como respuesta municipal a la crisis económica derivada de la situación sanitaria y que ha provocado, como consecuencia del estado de alarma, la paralización y cierre de muchas actividades. Con este primer lote de modificaciones de ordenanzas aprobadas, se calcula una reducción de ingresos para la hacienda municipal en torno a 150.000 euros.

Al sector comercial y hostelero van destinadas la bonificación del 100% de la tasa que se paga por la apertura de establecimientos y la bonificación del 100% de la tasa por instalación de anuncios y elementos publicitarios (escaparates). Con una bonificación del 40% quedan la tasa de mercado ambulante (destinada principalmente a los mercadillos en suelo público) y la tasa de ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas. También disfrutarán de una bonificación del 100% quienes paguen la tasa por instalación de quioscos en vía pública.

El resto de ordenanzas que se modificaron afectan a la tasa que se paga por derechos de examen en procesos selectivos municipales (bonificación del 100%) y al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que pasa a disfrutar de una bonificación del 95% en aquellas obras menores destinadas a mejorar la habitabilidad y accesibilidad de la vivienda principal.

Igualmente se introdujeron cambios en los precios públicos por la prestación de servicios en el vivero de empresas, donde todos los viveristas disfrutarán este año de una exención de las tarifas, y en los precios públicos de espectáculos (sobre todo, acceso a teatros), que amplían hasta el 45% la bonificación aplicada a personas desempleadas, pensionistas, jóvenes, familia numerosa y personas con discapacidad.

Por último, el Pleno también decidió cambiar la ordenanza que regula el fraccionamiento de pago de las deudas menores a 2.000 euros contraídas con el Ayuntamiento. Se podrán, a partir de ahora, fraccionar hasta un máximo de 18 meses y con un mínimo de 15 euros al mes.

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, presentó estas modificaciones como “un ejercicio de compromiso, trabajo y solidaridad” por parte de todos los grupos políticos municipales al “ser capaces de ceder cada uno en sus planteamientos iniciales” por el bien de todos los sectores implicados, fundamentalmente el comercio de cercanía.

La aprobación por unanimidad de las diferentes modificaciones propuestas fue la tónica general, si bien el voto negativo o en abstención en algunos puntos llegaron desde los grupos del PP y Ciudadanos. Ambas formaciones calificaron de “cortas” las bonificaciones dirigidas a comercios y bares “los grandes perjudicados de esta crisis”, como sostuvo el portavoz de Ciudadanos, Jesús López. En nombre de los populares, Francis Aguilar reconoció que “nos hubiera gustado una rebaja fiscal más atrevida, con mayor repercusión en el bolsillo de los ciudadanos”.

Desde Vox, Antonio Hidalgo, subrayó el consenso general existente en estas modificaciones fiscales, en la misma línea en la que se posicionó Miguel Villa, como portavoz de IU, al agradecer que todos los partidos hayan dejado a un lado “los matices” para anteponer estas medidas que vienen a ayudar a la ciudad “en un momento en el que lo necesita”. 

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado solicitar a la Junta de Andalucía la autorización para el establecimiento de un canon de mejora para la financiación de las obras de renovación de la conducción de agua potable procedente de la captación de Zambra.

A instancias de Aguas de Lucena, el Consistorio lucentino viene trabajando en los últimos meses en la financiación de este proyecto que supondrá la instalación de una nueva red que transporte hasta los depósitos de La Calzada el agua desde el manantial de Zambra, dado que la actual infraestructura, con más de 60 de años de antigüedad, presenta un deterioro con pérdidas de agua de hasta el 50% a lo largo de su extensión de 22 kilómetros, según analizó la Universidad de Granada en un estudio redactado en 2018.

La instalación de una nueva conducción se estima en un presupuesto de 7.236.402 euros, IVA incluido, y vendría a solucionar el tema de las habituales compras de agua potable por parte de Aguas de Lucena, que en los últimos años viene pagando, de media, alrededor de 1,2 millones de euros en compras de agua potable para garantizar el suministro de la ciudad.

La fórmula elegida para la financiación de estas obras consiste en el establecimiento de un canon a pagar por todos los clientes de Aguas de Lucena que permita hacer frente a un préstamo avalado por el Ayuntamiento con un plazo de amortización de 15 años. Según los cálculos municipales, este canon se empezaría a pagar en 2022 con una cuantía, para una familia tipo de 4 personas y un consumo de entre 45-50 metros cúbicos, de 9 euros en el recibo trimestral.

El estudio financiero-económico elaborado por Aguas de Lucena también anuncia, al margen de este canon, un incremento de las tarifas del agua de un 5% para el año 2029, antes se descarta que haya nuevas subidas, para actualizar entonces los precios del agua al IPC que exista en ese año tras los incrementos que se vaya originando desde la actualidad.

Toda esta operación, aprobada anoche en la sesión plenaria con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, Vox e IU y el voto en contra de PP, queda pendiente ahora de la autorización necesaria por parte de la Junta de Andalucía, cuya respuesta se espera para “un plazo de entre 1 y 2 años”, según avanzó el alcalde, Juan Pérez.

Desde el PP, María de la O Redondo, justificó el voto en contra de su partido en “que si bien es necesario realizar esta nueva infraestructura, se ha optado por la solución más perjudicial para el ciudadano”, al tiempo que advertía que “quizás no sea el mejor momento de pedir este préstamo para iniciar esta operación porque ese dinero dentro de seis meses tal vez se necesite para otras cosas viendo la situación actual”.

En este sentido, Juan Pérez recordó que “ahora no aprobamos pedir un préstamo ni avalar ese préstamo, sólo pedimos autorización a la Junta de Andalucía” y que corresponderá al Pleno “cuando tengamos la respuesta decidir si es o no el momento de poner en marcha esta obra”. El primer edil remarcó que “la máxima prioridad del ayuntamiento ahora es atender a la gente, dotar de recursos a Servicios Sociales para responder a todos los casos de vulnerabilidad social”, pero “esta realidad no nos debe de apartar de otro tipo de proyectos u obras que también son necesarias para la ciudad”.

Desde Vox, el portavoz Antonio Hidalgo respaldó el establecimiento del canon por “tener una cuantía pequeña, un periodo de amortización también pequeño y porque se invierte en una infraestructura muy necesaria”. Miguel Villa, en nombre de IU, señaló que “los costes del servicio de agua deben sufragarse por los usuarios que se benefician de ese servicio” y matizó que “vía canon o vía presupuesto del Ayuntamiento, son los ciudadanos los que sufragarán la obra”.