ECONOMÍA. El concejal de Recursos Humanos, Francisco Javier Aguilar, ha comparecido este jueves para informar de la liquidación recibida en el Ayuntamiento de Lucena, por parte de la Inspección Provincial de Trabajo, por valor de 997.937 euros en concepto de diferencias de cotización social no ingresadas.

El también portavoz del gobierno local ha explicado que esta liquidación, remitida al Consistorio en el mes de mayo, es el resultado de las diligencias abiertas en agosto de 2022 por la Inspección Provincial de Trabajo, un proceso en el que la Concejalía de Recursos Humanos ha participado desde su apertura con la presentación y envío de la documentación requerida por el organismo laboral.

Estas cuotas sociales no pagadas por el Ayuntamiento lucentino hacen referencia principalmente a los contratos laborales suscritos con cargo a los programas de empleo extraordinarios gestionados a nivel municipal en los últimos cuatro años (tiempo máximo de revisión, al considerarse lo anterior periodo prescrito), iniciativas como el Plan Aire, el Programa Emple@Joven o el Emplea @mprende+ financiados con fondos europeos de la Junta de Andalucía y del propio Ayuntamiento.

“Entiende la Inspección de Trabajo que se ha aplicado un trato desigual a estos trabajadores contratados temporalmente, a los que se les pagaba con un salario menor al recogido en el acuerdo marco del Ayuntamiento que actúa como convenio colectivo”, ha comentado Aguilar, quien ha avanzado que la cantidad que ahora se reclama al Ayuntamiento por cuotas sociales se verá incrementada, con toda seguridad, por las diferencias salariales no pagadas a los trabajadores en su momento.

En este sentido, el concejal lucentino ha anunciado el encargo realizado a los servicios jurídicos y a la empresa externa contratada para asesoramiento jurídico de un documento que recopile todas las sentencias firmes y las que puedan llegar “por esta forma de contratación irregular que se ha venido aplicando en este ayuntamiento”, al tiempo que ha anunciado que se ha dado orden de revisar los contratos laborales temporales actualmente en vigor.

Finalmente, Francisco Javier Aguilar ha lamentado en este tema “la falta de transparencia” y una “gestión irresponsable” porque ahora “los lucentinos van a tener que pagar lo que en su día no pagaron con el recargo correspondiente”. El responsable actual de Recursos Humanos ha recordado que no todos los ayuntamientos gestionaron los programas de empleo con el criterio utilizado en Lucena y que “incluso hubo ayuntamientos que suspendieron estos planes por lo que pudiera ocurrir después”.

El Ayuntamiento de Lucena dispone hasta el mes de octubre para analizar la liquidación recibida y estudiar la formulación de un posible recurso.