ANDALUCÍA. Un total de 177.705 andaluces solicitaron el año pasado asistencia jurídica gratuita y el 88,3% (157.063) resultaron beneficiarios de este derecho que prestan los abogados y procuradores del turno de oficio, cuyas retribuciones asume la Consejería de Justicia para garantizar un derecho fundamental como el acceso a la Justicia a cualquier persona independientemente de sus recursos económicos.

Solo 18.048 solicitudes fueron denegadas, el 10%, en la mayoría de los casos porque la persona no cumplía los requisitos para acceder a este derecho (16.738) y en 1.310 asuntos porque las Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita consideraron que la pretensión era inviable o indefendible. En 688 casos se dictó una resolución de archivo y en otros 1.906 los expedientes están por resolver o han sido impugnados.

Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el IPREM; 2,5 veces en el caso de familias con dos o tres miembros y tres veces este indicador para familias con cuatro miembros o más. También, sin límite de ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos relativos a estas materias; los menores y las personas con discapacidad en casos de abusos o maltrato; y las personas con secuelas tras un accidente que les impidan realizar su actividad profesional y requieran ayuda para su vida cotidiana, en los procedimientos de reclamación de indemnización de daños personales y morales sufridos.

Por jurisdicciones, los abogados y procuradores del turno de oficio asistieron sobre todo a personas inmersas en procesos penales (94.506), seguidos de los civiles (44.250) y, en menor medida, contenciosos, sociales, militares u otros (18.307).