LUCENA.       

Ayer se celebraba el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre en el Ayuntamiento de Lucena. Lo más destacado en principio fue la ocupación por parte de más de 50 agentes de la Policía Local de los asientos del salón de actos portando pancartas reivindicando la valoración de sus puestos trabajo al margen de los recortes sufridos por el personal público y que se llevaba negociando desde hacía más de un año. Los agentes levantaron las pancartas en las que rezaban mensajes como "El ayuntamiento en conflicto con la Policía" en el momento en que intervenían durante la sesión el alcade Juan Pérez, el primer teniente Miguel Villa, el concejal de personal José Cantizani o la concejala de Seguridad María del Mar Morales.

En nota de prensa difundida tras la marcha de los agentes transcurrida una hora del pleno, expresaban que este colectivo "ha resultado el más perjudicado del Ayuntamiento en la aplicación de los recortes de gasto público" y que esta es una de las primeras manifestaciones de una larga lista de acciones próximas.

José Cantizani indicaba que, si bien es cierto que se había llegado a un acuerdo, la Ley de Presupuesto de 2013 ha frenado dicha negociación impidiendo cualquier subida salarial o retribuciones extraordinarias.

Otro de los asuntos que se trataron en el apartado de ruegos y preguntas fue la Comisión de Investigación ordenada por el concejal de urbanismo, Miguel Villa. El primer teniente de alcalde indicaba, para tranquilizar las sospechas infundadas desde el Partido Popular, que la custodia de la documentación del Consejo Rector de la Gerencia perteneciente a los años que iban de 2001 a 2010 garantizaba la buena marcha de la comisión sobre la posibilidad de actuación arbitraria en los expedientes de suelo no urbanizable tanto de políticos en mandato (en los que en algunos años estaba incluido en co-gobierno Izquierda Unida) como de los técnicos.

En el apartado de "Resoluciones de la Alcaldía", el portavoz popular Manolo Gutiérrez (que volvió al pleno tras unos meses alejado por enfermedad, agradeciendo al principio de su intervención las muestras de cariño recibidas) pidió explicaciones sobre la contratación de una empresa externa del servicio de gabinete de prensa y mantenimiento de la web del ayuntamiento, ya que desde hace 4 meses la responsable del área se encuentra de baja por maternidad. El alcalde de la localidad, Juan Pérez respondió que al tratarse de un contrato menor no tenían el deber de comunicar dicha resolución, aportando además el dato José Cantizani de que el ahorro sería de 800 euros en los tres meses que estaría prestando servicio Publicube (hasta el 31 de enero y en el que participa el Secretario de Comunicación del PSOE local) en los que también pondría en marcha una plataforma vía móvil para que los ciudadanos puedan comunicaciones con el consistorio.

Entre los puntos del día discutidos en el orden del pleno se encontraba la propuesta en relación con las pagas extraordinarias de los miembros de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva que han decidido renunciar a la misma en solidaridad con los funcionarios del ayuntamiento y destinar la suma de ese sueldo a contratos de Emergencia Social gestionados desde Servicios Sociales. Sin embargo, el Partido Popular indicaba que no se trata de un hecho solidario sino de una obligatoriedad impuesta por Decreto Ley  de Contención Presupuestaria de 2012 disctada desde el Gobierno Central, al haberse acogido los concejales al régimen de personal publico.