El PP ha denunciado el impago a los ayuntamientos andaluces del cogobierno de la Junta en materia social obligando a las administraciones municipales adelantar el dinero para tal fin. Esta voz de alarma la han dado la vicesecretaria general de los populares en Córdoba, Beatriz Jurado; la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, María Jesús Botella; la diputada delegada de Igualdad y Política Social de la Diputación, Dolores Sánchez; y la edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lucena, Araceli Maillo el viernes en la sede local del PP.

Maillo ha indicado que el servicio de ayuda a domicilio está sustentado en Lucena por 130 trabajadores que ven peligrar sus puestos por la morosidad del ente autonómico. En este sentido Beatriz Jurado contabilizó 12.000 dependientes en la provincia de Córdoba que son prioridad para el Partido Popular hecho que no ocurre por parte del PSOE que ha cometido una serie de irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Dependencia sobre todo durante el periódo 2010 y 2011. En ese mandato de Griñán y Zapatero no se contabilizaron bien los receptores, llegando cerca de 24 millones de euros a casi 4.200 personas fallecidas.

Siguiendo con los datos, casi un tercio de las 305.941 personas reconocidas como dependientes en 2011 no percibían ayudas. Al tomar el PP posesión en el gobierno central, la tasa bajó al 19% incrementando en 122 millones la cuantía para dependencia. Sin embargo, la Junta de Andalucía, además de recortar en más de 7 millones la partida a Dependencia, la administración autonómica ha contraído una deuda de 10 y 4 millones respectivamente con Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba respectivamente, además de no pagar desde octubre a ningún consistorio cordobés, axfisiando de esta manera a estas instituciones. Según las políticas populares, la Junta ha recibido la transferencia del gobierno central de políticas de dependencia del ejercicio 2012 y además 6.000 euros más del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), por lo que no entienden porqué no se paga a los ayuntamientos andaluces, insinuando que se está destinando a otros asuntos.

Dolores Sánchez enumeró los programas que se han visto afectados por estos impagos como son los de lucha contra la drogadicción, familias en riesgo de exclusión social o ayudas a menores. En drogodependencia lo más significativo ha sido la reducción de 4 a 1 año para la renovación de los convenios entre la Junta y la Diputación e incluso estando el vigente a punto de cumplir dándose una prórroga de sólo 3 meses hasta el 31 de marzo. Sin embargo,la diputada provincial es optimista, ya que la institución ha incrementado un 106% la partida destinada a política social.

La vicepresidenta segunda de la Diputación, María Jesús Botella comenzó hablando de la denuncia primígea del PP en la etapa del gobierno de Zapatero que aprobó la Ley de Dependencia sin garantía de financiación, obligando en la etapa de Rajoy a no poder incorporar en las prestaciones a los dependientes moderados hasta 2015. Para Botella, PSOE e IU son unos perezosos al no cumplir en plazo (hasta el 3 de febrero) la adaptación por Decreto de la nueva Ley de Dependencia.