Cortés anima a los ciudadanos a firmar la ILP que pide la paralización de los desahucios, el alquiler social y la modificación de la normativa hipotecaria

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado con los alcaldes de Doña Mencía y La Rambla, Juana Baena y Francisco Paniagua, el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento puesto en marcha por su departamento que implica la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía. Con esta rúbrica, ambos municipios se acogen, junto a Doña Mencía y Baena, al acuerdo marco ya rubricado en septiembre pasado por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP).

Durante el acto, Cortés ha animado a los ciudadanos “a firmar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la paralización de los desahucios, el alquiler social y la modificación del marco normativo que ampara esta lacra social, compuesto por la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, dos normas que son claramente contrarias a los derechos de los consumidores”. Antes de que finalice el plazo para recoger firmas, la titular de Fomento ha pedido el apoyo de todos con el fin de que “sea imposible rechazar la iniciativa“. Elena Cortés, quien ya firmó en junio del pasado año la ILP, confía en que “la iniciativa puede marcar un hito en la relación entre las instituciones y la calle”.

 De igual modo, Cortés ha destacado que “el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda demuestra que la política sirve para plantar a cara a acciones absolutamente injustas e insolidarias”. Para la titular de Fomento se trata de “un instrumento participativo que requiere de la colaboración de colectivos sociales, entidades financieras y ayuntamientos, con quienes debemos trabajar muy en sintonía para ofrecer el mejor servicio a aquellas familias afectadas por procesos de desahucios que pueden derivar en la pérdida de su vivienda”.

En este sentido, la titular de Fomento ha subrayado que “la movilización ciudadana en defensa del derecho a la vivienda y en oposición a los desahucios ha demostrado la capacidad de la sociedad de anticiparse a las propias instituciones”, a lo que ha añadido que “gracias a ello, la contribución de las diferentes organizaciones y asociaciones sociales ha sido decisiva en la lucha contra esta lacra”.

El convenio firmado por los ayuntamientos de Doña Mencía y La Rambla garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.