Cabra

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha llamado a declarar este jueves día 29 de septiembre a otros tres beneficiarios de estas prejubilaciones supuestamente falsas, una declaración que estaba prevista inicialmente para el día 19.

De este modo, y según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la juez tomará declaración a Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, y Antonio González Pérez. Estas tres personas fueron incluidas en el expediente de regulación de empleo promovido en el año 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' pese a no formar parte de su plantilla. Tanto Rafael como Antonio eran antiguos empleados de la fábrica de muebles Promi, ubicada en Cabra.

Cabe recordar que uno de estos prejubilados, en concreto Francisco de Paula Hernández Diánez, vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla), declaró a la Policía Judicial que el ya exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero "prometió darle un trabajo" en una de las "diversas reuniones" celebradas con él en su despacho por "mediación de un amigo común".

Después de "diversas reuniones" en el despacho de Francisco Javier Guerrero, siempre según el relato de este detenido, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social "prometió darle un trabajo", firmando posteriormente en unas dependencias de la empresa de previsión social Vitalia Vida "una póliza".

Por su parte, Jesús María Bordallo Rodríguez, directivo de la consultora de previsión social Vitalia Vida, declaró a la Policía Judicial que los socios de la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' "eran conscientes" de que en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por esta empresa, "estaban metiendo" como beneficiarios de la correspondiente póliza de seguro de rentas a personas que no formaban parte de la plantilla.

Bordallo Rodríguez dijo a los investigadores que Francisco Javier Guerrero -- imputado por la juez-- y el ahora diputado socialista Ramón Díaz como su "asesor" le "indicaron" en 2007 que "había que meter" a Antonio G.P. y Rafael R.F. en un expediente de regulación de empleo promovido entonces por 'Saldauto', pese a que ninguno de ellos formaba parte de la plantilla.

PAPEL DE RAMÓN DÍAZ

Bordallo señaló a los investigadores que el ahora diputado socialista y exdirigente de UGT "tenía una relación estrecha con 'Saldauto'" y que él mismo le anunció que "dos señores"; Antonio G.P. y Rafael R.F., le visitarían para exponerle sus casos tras una "propuesta" de Guerrero "para que no quedasen sin percibir algún tipo de ayuda". Ramón Díaz, según el relato de Bordallo, tenía "sobre todo" relación con el "socio" de 'Saldauto' y también sindicalista de UGT Fernando Gómez Ferrera, porque la esposa del segundo había sido secretaria del primero en su etapa en UGT. Las declaraciones de Bordallo motivaron que Ramón Díaz formulara en su contra una demanda de conciliación previa a una querella criminal.

El propio Guerrero aseguró a la Policía Judicial que el actual diputado andaluz del PSOE por Sevilla Ramón Díaz, como "asesor", y él mismo protagonizaron la negociación relativa al expediente de regulación de empleo promovido en 'Saldauto'. No obstante, Guerrero se desligó de las tres prejubilaciones fraudulentas detectadas en la póliza de seguro de rentas asociada a este procedimiento.

Tras señalar que "a esta empresa se le dio el mismo trato que al resto de empresas en crisis, esto es, ayudas sociolaborales a los despidos", Guerrero se refirió a los tres 'intrusos' de Saldauto y se desligó de las irregularidades investigadas al asegurar que Francisco de Paula Hernández Diánez "no le suena de nada" y que, si bien ordenó que Antonio G.P. y Rafael R.F. recibieran "el mismo tratamiento que el resto de los empleados de Promi" al haber sido excluidos del ERE que había promovido esta empresa de la que ambos habían sido ya despedidos, "no dijo que los metieran en ningún otro sitio".

La titular del Juzgado indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

EL "FONDO DE REPTILES"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya emitió un auto en el que citaba a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones fraudulentas, toda vez que todos ellos habrían comparecido ya ante los investigadores de la Policía Judicial en los últimos meses como fruto del avance de las actuaciones.