LUCENA.      

El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, Jesús Aguirre visitó ayer Lucena para denunciar una serie de hechos en el SAS y en concreto en la zona del Distrito Sanitario Córdoba Sur. Además de aportar datos generales también ha expuesto situaciones que han ocurrido hace escasos días en el Hospital Infanta Margarita, donde el pasado lunes una veintena de personas que tenían programadas intervenciones quirúrgicas y acudían a su cita, debieron volver a sus hogares por la mala planificación y gestión de las operaciones de urgencias.

En la comparecencia le acompañaba Araceli Maillo, concejal popular en el ayuntamiento de Lucena que también ha denunciado, aunque según indicaba aún falta por contrastar la noticia, que existen 16 plazas concertadas en la residencia San Juan de Dios que está pagando el Ayuntamiento pero que no se están ocupando existiendo personas en situación de emergencia necesitadas de ellas. Insta al consistorio a dejar de abonar esas plazas o a que se ocupen.

La concejal popular en el ayuntamiento de Lucena ha comentado que la mala gestión de la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud está provocando la pérdida de profesionales y clientes en este sector público. Hablando concretamente de la ciudad, ya no existe el contrato de una enfermera en el Centro de Salud Lucena 2, haciendo que un enfermero de campo cubra los pacientes de dos médicos con el aumento de carga que ello conlleva.

Tampoco se ha cubierto una baja de larga duración en el Centro de Salud Lucena 1 provocando que los demás compañeros deban repartirse también el trabajo. En este centro, seguía denunciando la edil del PP, durante las vacaciones se cerraba el servicio de radiología en horario de tarde debiendo desplazarse los usuarios al Hospital Infanta Margarita. En este hospital además se había eliminado el servicio de traslados.

Con respecto a la Unidad de Cuidados Paliativos del Área Sanitaria Córdoba Sur, según Maillo uno de los recortes que más ha calado en la sociedad, seguía comentando que la enfermera ha perdido el contrato llevando todo el peso de gestión un médico y una psicóloga apoyados por enfermeros de cupo.

En este sentido Araceli Maillo volvía a denunciar el desmantelamiento del Área igual que lo hacía su partido en cada pleno. Según el PP, se tenía constancia de la pérdida de 4 puestos administrativos, no influenciando en la cifra los traslados que mermaban en la calidad de los propios trabajadores. Además, los gestores desde hacía tiempo, cubren las bajas veraniegas estivales con contratos al 75 % (de 5 horas y media en lugar de las 7 normales) y de sólo un mes de duración provocando inseguridad en los pacientes.

Siguiendo con Lucena, tampoco se está cubriendo la plaza de trabajadora social, que se “parchea” a través de la persona encargada similar de salud mental o las de Rute o Montilla.

La concejal lucentina acababa exponiendo que a todo los funcionarios dependientes de la Junta de Andalucía, como son los sanitarios, se les ha eliminado la paga extra de diciembre y junio ahorrándose el ente autonómico 8 millones de euros. Además, explicaba a la ciudadanía que aunque la consejera Mar Montero había echado la culpa al gobierno central del cierre de los centros de salud por la tarde, esta situación se ha dado desde siempre durante el verano en la comunidad.  

El senador Jesús Aguirre fue muy claro en sus afirmaciones exponiendo que ha existido una situación de choriceo en esta área, de “chupópteros” colocados en las agencias de dudosa calificación a merced del PSOE en Andalucía (nombró IAVANTE o la Agencia de Calidad) y ahora de Izquierda Unida, de un cogobierno “de perdedores”. Aguirre decía que mientras que desde el gobierno central “sólo” se ha recortado 15 millones de euros, la Junta ha recortado 1.000 millones, siendo la comunidad que menos invierte en salud por habitante (999 euros cuando la media nacional está en 1.350 euros). Seguía denunciando que se han perdido 7.027 plazas de trabajadores sanitarios en Andalucía, 192 pertenecientes al Área Sanitaria Córdoba Sur, “a gente de trincheras” como calificaba a los trabajadores que sí hacían efectiva su labor.

Una de las cuestiones más importantes que se abordó en la comparecencia fue la devolución del dinero “aportado por todos los lucentinos” según Aguirre en la construcción de los accesos al Centro Sociosanitario ya que esa fue la condición indispensable que puso sobre la mesa la Junta de Andalucía para llevar la infraestructura a la ciudad. Ahora, tras la expropiación y construcción en los terrenos los lucentinos, con la consiguiente inversión de 1 millón de euros, el ente autonómico se ha lavado las manos. Para Jesús Aguirre se debería devolver el dinero y el gobierno del ayuntamiento debería luchar por ello.