CÓRDOBA.        

La vicesecretaria de Políticas Sociales y parlamentaria andaluza del Partido Popular de Córdoba, Rafaela Obrero, ha alertado de que la Junta pretende eliminar en Andalucía 2.800 plazas concertadas y no ocupadas en los centros de atención personalizada para personas mayores y personas con discapacidad, de las 190 se eliminarán en Córdoba.
 
Esta decisión supondría un recorte de 2,4 millones de euros en el conjunto de centros residenciales con plazas públicas en Andalucía -170.000 euros en Córdoba-. Además, ya no entrarían más dependientes en el sistema de atención asistencial en centros. Estas son las principales consecuencias del borrador que presentó la anterior consejera de Salud y Bienestar Social, Mª Jesús Montero, y sobre el que ahora trabaja la nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Mª José Sánchez Rubio. “Esta nueva orden viene a dar la extremaunción a muchos centros residenciales y a rematar la dramática situación económica arrastrada por los continuos impagos por parte de la Junta de Andalucía”.  

Esto ocurre en una Comunidad en la que existen 54.221 personas dependientes con derecho a prestación que no la están recibiendo. “A pesar de que el Gobierno de España mantiene el mínimo de dependencia y paga a cada Comunidad mes a mes lo que le corresponde”. Andalucía recibe para tal efecto casi 30 millones de euros mensuales siendo la Comunidad que más fondos recibe al ser la que tiene más beneficiarios.
 
“El problema está en que la Junta de Andalucía no está efectuando pagos en políticas sociales acumulando 4 meses de retraso sin ofrecer garantías de pago”. Esta situación provoca, añade Obrero, que los centros residenciales no puedan acceder a nuevos créditos bancarios por la falta de credibilidad y confianza generalizada para afrontar los pagos.
 
La parlamentaria popular ha recordado que el bipartito andaluz ya tomó la decisión, tal y como advirtió el Defensor del Pueblo Andaluz, de paralizar la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la dependencia. De ahí que en 2012 hubiera 4.717 beneficiarios menos en Andalucía que en 2011, mientras que en el resto de Comunidades Autónomas aumenta esta cifra.
 
Por todo ello, el Partido Popular pide al Gobierno andaluz que ponga fin a esta orden, que pague la deuda contraída y retome las negociaciones con los responsables de estos centros.