A pesar de que vivimos en una Comunidad en la que estamos gobernados por socialistas, que son personas que miran, y mucho, por los derechos de los ciudadanos, el cortijo del que se apropiaron hace más de tres décadas amenaza con quedarse por mucho tiempo más, auspiciado, en gran parte, por el clientelismo, a pesar de que han provocado uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia de la democracia y de que en Cabra, como habrá ocurrido en otras ciudades, se han llevado por delante los ahorros y los derechos de muchos ciudadanos.

Pero centrémonos en lo que ha ocurrido en Cabra, que es lo que nos incumbe. La empresa Keymare, de infausto recuerdo para muchos egabrenses, y en concreto un tal David Cánovas, para que todos aquellos que lean este artículo sepan que es un ladrón junto al resto de delincuentes de dicha empresa, comenzaron hace varios años a construir unos bloques de VPO en la Cuesta de los Barreros, frente a lo que en aquel momento era un terreno herbáceo y hoy en día es la Ciudad de los Niños.

El primero de los bloques se construyó sin apenas problemas, al menos para los vecinos que invirtieron dinero en él, porque quienes construyeron las viviendas no vieron el dinero que debían cobrar por levantarlas, y en la misma situación se hallaron los electricistas y demás empresas que trabajaron por dejar las viviendas acabadas, con deudas de miles de euros al no pagarles Keymare los servicios prestados.

Ante esta situación, muchas de esas empresas, como haría cualquier hijo de vecino, dejaron de trabajar en la construcción del segundo bloque, lo que provocó, como era de esperar, lógicos retrasos en la construcción de la obra, y su vez, que la Junta de Andalucía fuese retirando mientras tanto las ayudas a las VPO, unas ayudas que hacían que los compradores disfrutasen de facilidades tanto en las cuotas mensuales como en la cuota de entrada que había que dar para acceder a comprar los inmuebles.

Keymare, ante esta situación, huyó con el dinero de las ayudas de la Junta de Andalucía y con el dinero de los clientes, que varios años después, ha sido imposible recuperar. Los afectados, entre los que me encuentro, tenemos un dinero entregado a Keymare que no podemos recuperar al haberse declarado dicha empresa en concurso de acreedores primero y en situación de insolvencia después, por lo que pese a tener gran cantidad de dinero en sus arcas fruto de lo estafado a los clientes y de las ayudas de la Junta de Andalucía, se niegan a devolverlo.

Muchos se preguntarán dónde está la estafa de la Junta de Andalucía, por lo que toca explicarla más claramente. A día de hoy, los pisos están totalmente terminados, y algunos de los que en principio fueron estafados como un servidor, han decidido, puesto que en su derecho están, a seguir adelante con la compra de su vivienda, pero los grandes afectados son los que ante los retrasos en la finalización de las obras, ahora quieren deshacerse de los que iban a ser sus inmuebles.

¿Por qué? Pues porque ahora lo tienen muy difícil para vender su inmueble al ser VPO, y porque no pueden disfrutar de esas ayudas que la Junta de Andalucía ya no concede por la compra de este tipo de viviendas. ¿Hasta qué punto es legal que te mantengan la protección de tu vivienda y dificultarte que la puedas vender a los interesados y que sin embargo, si te la quedas, o si la vendes, ni tú ni tu comprador disfruten de esas ayudas? Seguro que Susana Díaz, o el responsable de su partido que tenga las competencias para resolverlo, nos dan la respuesta en breve.