EMPRESAS. Las delegadas de CCOO en ADL, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de Montemayor, han presentado una denuncia contra la empresa ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba por incumplir reiteradamente la correcta aplicación de los derechos laborales recogidos en el VIII Convenio Colectivo de la Dependencia y, además, no atender los requerimientos que en varias ocasiones le ha realizado la propia Inspección de Trabajo.
En 2021, la representación sindical denunció a Grupo ADL por negarle durante años la información a la que tiene derecho en base a las competencias y derechos de representación que otorga la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente CCOO denunció a la empresa por incumplir el convenio colectivo en cuestiones como la consideración de tiempo efectivo de trabajo los desplazamientos entre los domicilios de las personas usuarias del servicio; la no fracción de la jornada de trabajo en más de dos periodos al día; la obligación de ampliar la jornada de trabajo a aquellas personas trabajadoras que no cubren el 100% por circunstancias ajenas a estas; información detallada y transparente sobre la bolsa de horas que generan la plantilla o la aplicación del baremo fijado en el propio convenio para los casos de cambios de turnos, entre otros.
A raíz de dicha denuncia, la Inspección de Trabajo requirió a Grupo ADL que solventara las irregularidades detectadas, pero a fecha de hoy, la empresa sigue sin solventar los incumplimientos denunciados y haciendo caso omiso a los requerimientos de la Inspección de Trabajo.
El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, lamenta que “empresas como Grupo ADL, a las que se les adjudica un contrato para prestación de un servicio público financiado con fondos públicos, como es el servicio de ayuda a domicilio de Montemayor -que puede suponer un presupuesto superior a 1,2 millones de euros-, incumplan de forma tan descarada los pliegos de la licitación de la adjudicación del contrato y, además, ignoren con total pasividad los requerimientos de la Inspección de Trabajo”.
En este sentido, Damas manifestó que “es lamentable que tengamos que recurrir nuevamente a la Inspección de Trabajo, sobre todo, con empresas que sistemáticamente incumplen la legislación vigente y los convenios colectivos, pero aún más indignante es que desde al Ayuntamiento de Montemayor no se actúe y se continúe manteniendo a esta empresa a pesar todos los incumplimientos”.
“CCOO siempre ha exigido a las administraciones públicas implicadas en la gestión y financiación que las empresas que incumplan la legislación y los convenios sean vetadas en las adjudicaciones de las licitaciones de prestación del servicio de ayuda a domicilio”, recuerda el responsable sindical quien explica que “CCOO ha solicitado a la Inspección de Trabajo que actúe con la correspondiente sanción aplicable según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, por considerar desde el sindicato que la denuncia recoge infracciones susceptibles de ser consideradas como graves o muy graves”.
Damas finaliza anunciando que los servicios jurídicos de CCOO están estudiando la presentación de una posible demanda judicial para pedir las responsabilidades que pudieran tener tanto la empresa como el Ayuntamiento montemayorense.