TRABAJO. El Ayuntamiento de Lucena aprobó anoche en sesión Plenaria una moción de apoyo al conjunto de trabajadores del servicio del Transporte Sanitario Terrestre de los Centros del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Córdoba, que vienen denunciando en las últimas el cumplimiento de la legalidad a raíz de la nueva licitación del servicio.

En una moción firmada y aprobada por los cinco grupos políticos municipales –PSOE, PP, Vox, C’s e IU—, la Corporación lucentina se ha mostrado a favor de las reivindicaciones de los trabajadores del servicio de ambulancias, acordando los siguientes apartados:

PRIMERO.- El cumplimiento, por parte de la nueva empresa adjudicataria el cumplimiento de la legalidad vigente y todas y cada una de las clausulas del pliego de adjudicación.

SEGUNDO.- El cese inmediato de la presunta actitud hostil, que según el colectivo de trabajadores, vienen sufriendo hasta el momento.

TERCERO.- La subrogación inmediata de todo el personal incluido en el listado de subrogación realizado por la anterior adjudicataria y que no ha sido impugnado por la nueva empresa adjudicataria, y se garanticen sus derechos y condiciones laborales con estricto respeto al convenio colectivo del sector.

CUARTO.- Insistimos en garantizar el respeto escrupuloso a los derechos de los trabajadores y de los representantes sindicales de los mismos.

QUINTO.- Exigimos al Servicio Andaluz de Salud, órganos responsable de contratación del servicio, que de forma inmediata y urgente, abra una investigación sobre el presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 9 del Convenio de Transportes Sanitarios de Andalucía referente al listado de subrogación de trabajadores.

SEXTO.- Que, en caso de vulneración de derechos o incumplimiento de las obligaciones recogidas en el Pliego de Condiciones del servicio desarrollado por la nueva empresa adjudicataria, inicie de oficio desde el SAS el expediente sancionador que corresponda, que incluso pudiera desembocar en la restricción del contrato, si legalmente procediera.

SÉPTIMO.- Que desde el SAS se observe el cumplimiento de las obligaciones del nuevo adjudicatario garantizando una correcta prestación del servicio y garantizando la estabilidad, seguridad y salud en el trabajo del colectivo de trabajadores, en las mismas condiciones con las que contaba el anterior adjudicatario.

OCTAVO.- Que el SAS informe puntualmente de las acciones emprendidas y de sus conclusiones a los representantes legales de los trabajadores de la empresa.

NOVENO.- Finalmente, los cinco Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de Lucena manifiestan su total apoyo y respaldo al colectivo de trabajadores afectados y su plena disposición a colaborar con ellos en todo en cuanto esté a nuestro alcance.

DÉCIMO.- Agradecer a la empresa Transportes sanitarios del Sur de Córdoba S.L. tantos años de profesionalidad y buen servicio prestados a la ciudadanía del sur de la provincia. 

Por otra parte, AECA, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, también se suma al apoyo con el siguiente comunicado:

El día 26 de septiembre de 2022, en reunión de su Junta Directiva, previamente citada al efecto, se ha acordado:

Que siendo conocedores de la problemática existente con la empresa “Transportes Sanitarios del Sur de Córdoba” y sus trabajadores se emita este comunicado, a través del cual mostramos nuestra preocupación respecto a lo que ello supone para las empresas que ejercen su actividad en nuestra localidad y por supuesto para sus trabajadores.

Somos conscientes de que en la contratación pública se adoptan una serie de criterios determinados previamente en los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y en los de Prescripciones Técnicas entre otros, todo lo cual viene determinado a nivel europeo.

La objetividad buscada  por la normativa comunitaria conlleva estos problemas posteriores a la hora de la adjudicación de una obra o servicio, más aún, cuando en algunos casos, parece  que los pliegos de condiciones de algunas licitaciones no son realizados con escrupuloso esmero y velando por la consecución del mejor servicio o producto para el ciudadano a un precio justo (el necesario para que sea de calidad) y parece en ocasiones primar simplemente la motivación económica, y no siempre, o mejor dicho, casi nunca la opción mas barata es la mejor y mucho menos en sanidad que es lo que nos ocupa.

Es una lástima, ya que generalmente no se tiene en cuenta la subjetividad que pudiera existir en el reconocimiento a una empresa de la localidad que lleva más de treinta años ejerciendo esa actividad de forma profesional y ofreciendo un servicio de calidad, ni tampoco para con los trabajadores y trabajadoras de la misma, que a pesar del esfuerzo y dedicación durante tantos años, han de vivir con el temor de si van a ser o no subrogados, y en caso de serlo si corre peligro su puesto de trabajo o no.

Esa frialdad, o llamémosla esa objetividad, no debe ser óbice para que no se tenga un control exhaustivo del cumplimento de los requisitos legalmente exigidos a la empresa adjudicataria con respecto a la realización del servicio, y por supuesto de los trabajadores que lo desarrollan.

Por todo lo cual esta Asociación de Empresarios de Cabra solicitará a la administración pública, en este caso a la Junta de Andalucía, que sean garantes del cumplimiento de una licitación que ella misma ha adjudicado, velando por los intereses de las empresas, los trabajadores y como no del ciudadano que es en definitiva el que recibe el servicio, en este caso, tan delicado como es el transporte de personas enfermas.

Igualmente solicitamos que, si no se cumpliera o no se ha cumplido con alguno de esos requisitos, que son de obligado cumplimiento, se deniegue/retire la adjudicación, como se recoge en el art. 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público al actual adjudicatario.
Igualmente trasladamos este escrito a la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) a la que pertenecemos para que analice la situación y traslade también su apoyo a la empresa egabrense afectada (teniendo conocimiento que ésta además es socia de la dos entidades), así como para que contacte con las autoridades sanitarias competentes en la materia, con el objeto de que si las supuestas irregularidades, bien acaecidas en el proceso de licitación o una vez iniciado el servicio por la nueva adjudicataria son ciertas y así se demostrase (pudiendo ser algunas de ellas  causantes de cancelación del contrato por incumplimiento grave) se proceda de forma urgente a la cancelación del contrato con la nueva empresa adjudicataria y pase la contratación a la siguiente en el orden de adjudicación. Procurándose la mayor celeridad en ello, pues como es sabido se trata de un servicio vital para la salud pública.

Por todo lo cual, el colectivo al que representamos, muestra su apoyo a los empresarios y trabajadores afectados, haciéndole saber que nos tienen a su disposición para cuanto necesiten.