AYUDAS. El Gobierno ha aprobado una inversión de 50 millones de euros para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Consejo de Ministros de este viernes ha materializado este compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través de un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia”.

Enmarcadas dentro del PRTR, en el “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”, en la línea de inversión Plan España País Accesible para mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral, estas aportaciones serán repartidas entre las comunidades y ciudades autónomas conforme a los criterios de distribución aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Las administraciones beneficiarias, en coordinación con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, desarrollarán actuaciones tanto de accesibilidad universal mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarias y propietarios, como actuaciones de accesibilidad en el interior de las viviendas, entre otras.

La pandemia de la COVID-19 ha situado en una posición de extrema gravedad a 100.000 personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, que viven en comunidades de propietarios, carentes de medidas de accesibilidad para salir a un centro de día, a dar un paseo o a ir a un hospital. Además, muchas de estas viviendas carecen de una ducha adaptada. Factores, que les obligan a vivir en una situación de precariedad, inseguridad e insalubridad, obligándolas, en muchos casos, a tener que abandonar sus casas, sus pueblos o sus barrios, al margen de su voluntad, para vivir en un entorno institucionalizado, por una situación evitable.

Este Real Decreto conecta igualmente con la consecución de la reforma que pretende impulsar cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un modelo de Atención Centrada en la Persona.

El Real Decreto aprobado cuenta con una inversión total de 50 millones de euros, de los que 8.019.396,83 euros irán destinados a Andalucía.