En su libro La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas (2021), Oscar Alzaga resalta el papel jugado en aquellos años por grupos democristianos a los que él perteneció, pero también contiene otros datos muy relevantes para comprender que si bien podemos estar orgullosos del proceso de Transición democrática, esta tuvo algunos lunares que no debemos olvidar. Por ejemplo, el autor se queja de la decisión del entonces ministro, Rodolfo Martin Villa, de ordenar la destrucción de las fichas policiales en una Orden de 19 de diciembre de 1977. Aquello dio lugar a una protesta del senador Josep Benet quien además expresaba en su intervención que “podríamos preguntarnos dónde están hoy los archivos del partido único FET y de las JONS y del Movimiento Nacional. Según noticias, en algunas jefaturas provinciales han desaparecido”. El lugar en el que se pronunciaban esas palabras, el Senado, había sido elegido durante la dictadura como sede del Consejo Nacional del Movimiento, cuya presidencia ostentaba Franco, y justo por debajo de él estaba el Secretario General del Movimiento, con rango de ministro, cargo desempeñado durante muchos años por José Solís (entre 1957 y 1969, y luego en 1975). (A pesar de esta vinculación directa con el régimen dictatorial, Solís mantiene en la localidad una plaza y una avenida con su nombre, así como una escultura en un lugar relevante del parque Alcántara-Romero). Tras recoger la cita de Benet, Alzaga afirma que no solo se destruyeron fichas policiales, sino que hubo más: “Y la quema no solo afectó a estos servicios de información, sino que se extendió, pese a no estar previsto en dicha orden a la práctica totalidad de los archivos de los organismos del Movimiento Nacional”. Martín Villa, definido como “pirómano” por Alzaga, justificó su decisión en que se hacía en aras del “espíritu de concordia”.

El Movimiento Nacional, como expresión única de la participación en la vida política, tenía su correlato en las provincias y municipios, y de acuerdo con el mismo esquema que en su momento desarrollara la Italia fascista, los gobernadores civiles eran los jefes provinciales del Movimiento y los alcaldes los locales. Había, en consecuencia, un Consejo local del Movimiento en cada municipio, que se convertía en un órgano asesor de la corporación. ¿Qué se debatía en su seno? No lo sabemos, porque no hay actas de esas reuniones, podemos pensar que no se hacían, o que han desaparecido. De acuerdo con las instrucciones que había tras la muerte de Franco, casi con toda seguridad se destruyeron. Porque sí existían. En el caso de Cabra ha llegado a mis manos una convocatoria de reunión de ese Consejo, de octubre de 1964, cuando lo presidía López Peña. El primer punto del orden del día era la “lectura y aprobación del acta de la sesión anterior”. Entre los puntos a tratar estaban: “Acción proselitista” o “Asociaciones”, así como “Problemas actuales de Cabra”.

Para este último punto se adjuntaba un documento mecanografiado de cinco páginas, donde se analizaban, entre otras cuestiones,  la situación de la hacienda, el problema de la vivienda (“en los últimos años se ha construido de forma anárquica y clandestina”), la enseñanza (necesidad de un nuevo grupo escolar y viviendas para maestros), asistencia social y sanidad (carencias del hospital), iluminación (“podemos afirmar que Cabra es una de las poblaciones peor iluminadas de esta provincia”), el paro (mitigado por la emigración a Francia y porque “actualmente se está produciendo una emigración masiva de trabajadores a la región catalana”), instalaciones deportivas (se habla de la creación de una zona deportiva en “El Martinete”) y las posibilidades turísticas (gracias a la Sierra y a la Fuente del Río).

Al final se enunciaban otros problemas que era necesario resolver y se solicitaba el “asesoramiento y colaboración del Consejo Local del Movimiento”, al tiempo que se instaba a los consejeros a que promovieran iniciativas, completaran proyectos o sugirieran actuaciones.  En definitiva, el valor del documento reside, sobre todo, en que es la prueba de que existieron esas actas, documentos que serían valiosos para analizar la vida política local, pero que por desgracia se han perdido, o alguien decidió en un momento determinado que se perdieran.