POLÍTICA. La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha presentado hoy el primer informe de rendición de cuentas de la acción de gobierno en Andalucía en su primer año de legislatura, “una iniciativa con intención de continuidad que supondrá la presentación de informes sobre el nivel cumplimiento de compromisos e iniciativas anunciadas y puesto en marcha en la comunidad andaluza”. Este informe traslada al ámbito territorial la exposición que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó el pasado 29 de diciembre y que respondía a un compromiso de su discurso de investidura en la que se comprometió a reforzar los mecanismos de transparencia para avanzar en calidad democrática.
Sandra García ha reconocido que la pandemia de la COVID-19 “ha marcado las decisiones del Gobierno a lo largo del año, si bien ese rediseño de la hoja de ruta ha supuesto reforzar los recursos transferidos a la comunidad autónoma para fortalecer los servicios públicos esenciales, para no dejar a nadie atrás, como ha quedado reflejado en los 2.198,8 millones de euros de Fondos COVID que ha recibido Andalucía, a los que se suman los 51,7 millones del Fondo Social Extraordinario destinado a fortalecer los servicios sociales”.
“Todas las medidas y compromisos adquiridos han estado presididos por la idea de paliar en la medida de lo posible las consecuencias económicas y sociales de un año marcado por una emergencia sanitaria sin precedentes en el último siglo. Ésa ha sido la prioridad: proteger a las personas, proteger el empleo, proteger a pymes y autónomos”, ha remarcado la delegada.
En el ámbito del empleo, ha asegurado que “los esfuerzos del Gobierno se han centrado en proteger a los trabajadores, pymes y autónomos para no perder músculo productivo, lo que se ha conseguido mediante los ERTEs, que han beneficiado a 570.864 trabajadores andaluces y un respaldo económico en prestaciones de 1.708 millones de euros”, cantidad que, sumada a otro tipo de ayudas desde el mes de abril, “alcanzan un global de más de 5.000 millones de euros en prestaciones”. A estas nóminas, ha sumado los 873,4 millones de euros en prestaciones extraordinarias a autónomos, los 10.790,3 millones en avales para líneas ICO que se han autorizado a 96.979 empresas y autónomos, así como los 22.517 trabajadores fijos discontinuos que se han protegido con medidas extraordinarias.
Las acciones de cohesión social han sido otro “pilar fundamental para garantizar el estado de bienestar de los impactos de la pandemia”, ha asegurado la delegada, que ha reconocido que “los esfuerzos del Gobierno no se han visto mermados por los efectos del COVID para cumplir con la lucha contra la exclusión social”, haciendo referencia al Ingreso Mínimo Vital, reconocido a 154.477 andaluces, los 1.583.874 pensionistas que han revalorizado sus ingresos, los 292,1 millones de euros para las políticas activas de empleo que mejoran el acceso y la adaptación de la formación para el mercado laboral, los 88 millones de euros para el impulso a la transformación tecnológica de la educación y orientación educativa del Programa Educa o los 52,4 millones de euros del Programa contra la exclusión social destinados a entidades sociales.
“La responsabilidad de un Gobierno social y democrático es atender todos los frentes, pero más aún a aquellos que ya arrastraban necesidades provocadas por de la crisis anterior y para quienes hemos diseñado una red de protección que garanticen alcanzar la igualdad de derechos, de todos”, ha enfatizado Sandra García, por lo que ha subrayado los 17,9 millones de euros en fondos transferidos a Andalucía y a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Otro de los pilares destinados a afianzar la economía andaluza lo han compuesto las medidas destinadas a la cohesión territorial y transición ecológica, donde se encuadran los 124,3 millones de euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) a proyectos de generación térmica con fuentes renovables, los 79,3 millones de euros en apoyo al alquiler y rehabilitación de viviendas para el impulso de nuevos mecanismos de apoyo a personas especialmente vulnerables y los 14,6 millones con cargo al 1,5% Cultural para la protección del patrimonio andaluz. Dentro de este ámbito también se incluyen los 7,2 millones de euros a acciones para la compensación de emisiones de CO2 y adaptación al cambio climático.
Por último, Sandra García ha hecho balance de todas las actuaciones destinadas al impulso y dinamización económica, como los 74,9 millones para la financiación de 156 proyectos por el Centro de Desarrollo Tecnológico industrial (CDTI), los 26,1 millones para 33 proyectos acogidos al Plan Reindus en Andalucía, la simplificación en la tramitación de ayudas de la PAC que ha beneficiado a 229.184 agricultores y ganaderos, los 1,7 millones para el impulso de la Formación Profesional Dual y el impulso al programa de fragatas F110 de Navantia en los astilleros gaditanos.
Dentro de las medidas destinadas al impulso económico en Andalucía, la delegada ha destacado los 160,9 millones de euros del Fondo de Financiación de Entidades Locales “que han llegado hasta los ayuntamientos, diputaciones y organismos autónomos” a través del ejercicio de “unir fuerzas con otras administraciones y en una apuesta sin precedentes por la cogobernanza, que ha venido para quedarse”, ha aseverado.
Ha anunciado demás que desde hoy toda la información sobre la rendición de cuentas del Gobierno se podrá encontrar en la página web www.desdelamoncloa.es, donde cualquier ciudadano podrá acceder al informe ‘Cumpliendo’, descargar un Excel con información detallada sobre los compromisos e iniciativas llevadas a cabo “y el impacto directo en nuestra comunidad autónoma de algunos de estos compromisos, así como de las principales actuaciones desarrolladas, siempre actualizadas en lo que implica un ejercicio riguroso de transparencia”, ha concluido.
Cumpliendo
El informe de rendición de cuentas está a disposición de toda la ciudadanía, los medios de comunicación y de todos los partidos políticos para la realización de las tareas de control parlamentario al Gobierno propias de nuestro marco constitucional, donde se puede comprobar que el Gobierno de España ha asumido un total de 1.238 compromisos, de los cuales ya ha cumplido un 23,4% y se prevé que en el primer semestre de 2021 se llegue al 32,6%. Si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando, se deduce que el Gobierno ya ha activado un 90,9% del total.
