Diálogo, esa ha sido la punta de lanza que hasta ahora ha venido utilizando el PSOE para intentar dejar en evidencia al Gobierno de Rajoy en la resolución del conflicto planteado por la Generalitat de cara a la convocatoria de un referendum de independencia.

La propia Susana Díaz, figura emergente donde las haya del socialismo español, se ha marchado a Cataluña a dialogar con Artur Mas, eclipsando con ello a sus líderes nacionales, a la vez que ofreciendo la fórmula magistral con la que impedir lo que ella ha venido en denominar el “choque de trenes” -ahí no se ha mostrado excesivamente original la presidenta andaluza- entre los gobiernos nacional y autonómico: el federalismo.

No ha hablado Díaz, ni lo han hecho nunca otros dirigentes socialistas neoconversos al proyecto federalista, de qué contenido real tendría el nuevo Estado Federal y los diferentes estados asociados al mismo, del grado de simetría o asimetría que se establecería entre ellos y de las competencias que delegarían en el Gobierno central.

No lo ha hecho, evidentemente, porque ahí está el quid de la cuestión, la madre de todas las batallas y la vía por la que puedan discurrir dos trenes sin llegar a chocar.

Lo fácil: proponer el  federalismo  para España e incluso atreverse a afirmar que el Senado, con su actual conformación, reglamento y anclaje constitucional, carece de sentido. Es lo que ha hecho Díaz en Barcelona.

Lo difícil: definir en detalles esa nueva división administrativa y política de España, proponiendo a la vez una reforma constitucional e institucional que se adapte a lo propuesto. Es lo que no ha hecho Susana Díaz en la ciudad condal.

Y es que si atendemos a las cuatro características esenciales de lo que es el federalismo  : Constitución escrita, División territorial, Descentralización y Suprema Corte de Justicia, parece lógico llegar a la conclusión que o existen tras de él muchos beneficios ocultos que hasta ahora no hemos tenido oportunidad de descubrir, o la propuesta no representaría sino el vestido de seda que poner a la mona de nuestro Estado de las Autonomías, sin que ello mejorase el fondo de la actual situación.

Nadie duda del valor del diálogo, seguro que tampoco lo duda Mariano Rajoy y su gobierno, sin embargo, dialogar, además de escuchar, implica estar abierto a razonar las argumentaciones del contrario y, además, a hacerlo dentro del marco legal establecido.

Un diálogo en el que uno de los interlocutores se encierra en su criterio, no admitiendo alternativas al mismo, deja de ser diálogo para convertirse en una simple pretensión de imposición que si, junto a ello, no se adecua a la norma establecida, resulta imposible atender.

Por ello que hubiese hecho un gran favor a la paz social en nuestro país la presidenta de la Junta si hubiese antepuesto a la propuesta de diálogo o a la causa federal, la ineludible recomendación a los dirigentes catalanes de renunciar definitivamente a sus pretensiones independentistas para, a partir de ahí, y sólo a partir de ahí, iniciar un proceso de negociación que mejore, para todo el país, el mapa constitucional, administrativo, institucional, competencial, económico, fiscal y político, convirtiendo la mona en el ser más racional posible y, ahora sí, vistiéndola con el ropaje que entre todos acordemos.