ANDALUCÍA. El Gobierno andaluz, en el marco de sus competencias sobre el sector del juego presencial, va a adoptar una serie de medidas, algunas de ellas de forma inmediata, tras la aprobación en el día de ayer de un Decreto-Ley, como la incorporación de un control efectivo de acceso y admisión en la entrada de los establecimientos de juego para impedir que accedan menores de edad y las personas inscritas en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso. Para el supuesto de que se produzcan estas infracciones de carácter muy grave o ante el incumplimiento del horario de apertura de estos locales, el Gobierno de Andalucía también endurece las sanciones. Unas actuaciones que se complementan con una labor de concienciación y sensibilización, especialmente dirigida hacia los más jóvenes, con acciones de prevención y tratamiento de la ludopatía consensuadas con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

 

Asimismo, se está trabajando en la modificación de los diversos reglamentos que regulan los salones de juego, salas de bingo, casinos e hipódromos, en los que se plantea establecer como requisito para la apertura de nuevos salones de juego que estos guarden una cierta distancia de centros educativos, así como la regulación de la publicidad de la fachada y demás elementos exteriores de los establecimientos del juego, junto a otras iniciativas de carácter reglamentario, que están en el ámbito competencial del Gobierno andaluz.

 

Esta batería de medidas ha sido anunciada hoy por el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo; el secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez, y el director general de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, Manuel Vázquez, y son fruto de las reuniones de trabajo mantenidas con todos los agentes implicados: el sector empresarial con implantación en Andalucía, la Federación de Jugadores Rehabilitados de Andalucía (Fajer), sindicatos mayoritarios y, por parte de la Administración regional, la Consejería de Hacienda, que tiene las competencias en la materia, el IAJ y el SAS.