ANDALUCÍA. La Junta de Andalucía ha ofrecido atención psicológica y jurídica a 500 víctimas de violencia sexual a lo largo del primer semestre de 2022, a través de los distintos recursos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) dirigidos a mujeres mayores de edad que han sufrido abusos o agresiones sexuales, uno de los cuales incluye atención presencial 24 horas en el lugar donde han ocurrido los hechos. Así, el servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual ha atendido a 446 mujeres hasta junio, mientras que el Servicio de atención inmediata 24 horas ha intervenido en 56 casos, sumando un total de 502 mujeres atendidas en estos seis primeros meses del año. Ello ha supuesto la realización de 3.254 actuaciones en las dos áreas de intervención: la jurídica, con 1.815 actuaciones, y la psicológica, con 1.439. Y a esto hay que añadir la respuesta a más de 4.000 consultas, tanto presenciales como vía telefónica y por correo electrónico.
La intervención jurídica comprende el asesoramiento legal a las mujeres víctimas de violencia sexual, y la asistencia jurídico-procesal, entre otras actuaciones. El servicio realiza el acompañamiento a la declaración de la víctima, al forense, comparecencias y atenciones en dependencias judiciales, preparación de escritos de alegaciones, escritos de acusación, recursos, oposición a la libertad del presunto agresor, alegaciones en ejecución de sentencia, representación en juicios, recursos, etc. Por su parte, la intervención psicológica comprende orientación, sesiones terapéuticas, intervención psicológica en crisis, terapia individual, de grupo, evaluaciones psicológicas e informes.
Este recurso se configura como una red de atención especializada, multidisciplinar y gratuita a las mujeres víctimas de violencia sexual en Andalucía y con presencia en las ocho provincias. Las usuarias son mujeres, mayores de 18 años, con domicilio en Andalucía, que han sufrido abusos o agresiones sexuales, así como adolescentes mayores de 16 años y que demanden la asistencia legal las personas que actúen como sus representantes legales.
El propósito del programa es dar soporte emocional a la mujer víctima de violencia sexual en las distintas instancias, apoyarla y orientarla, así como valorar su situación e informarla sobre las actuaciones precisas dirigidas a cubrir sus necesidades para su recuperación de la violencia padecida, lograr que tenga la asistencia letrada necesaria para que pueda emprender acciones legales, ejercer la acusación particular y la representación procesal de las mujeres en los procedimientos penales y recursos, además de movilizar los recursos para instar la reparación del daño producido e impulsar todas aquellas medidas que implican mayor protección y prevención de la victimización previstas en la legislación.