POLÍTICA. El Parlamento andaluz ha aprobado el proyecto de Ley que modifica tres artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y que permitirá regularizar edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable. Los cambios introducidos en esta norma facilitarán que las edificaciones en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística puedan regularizar su situación, siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no estén afectadas por expedientes administrativos y no se encuentren ubicadas en zonas inundables o de especial protección.

 

De esta manera, los propietarios de estas viviendas podrán inscribir los inmuebles en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua, además de adoptar las medidas correctoras necesarias que eliminen los impactos paisajísticos o ambientales que se hubieran podido producir, especialmente sobre los recursos hídricos.

 

En el caso de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos, la regularización se realizará a través de la incorporación de los mismos al planeamiento urbanístico.

 

 

EQUO Andalucía ha sido el primer partido político en expresar su opinión sobre esta medida, mostrado su escepticismo ante la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aprobada por el Parlamento andaluz, con la que se posibilitará la regularización de alrededor de 25.000 viviendas ilegales en nuestra comunidad, sin diferenciar, apunta este partido político “si las mismas se construyeron por necesidad y de buena fe, o para especular e incumpliendo deliberadamente la normativa”.

 

EQUO Andalucía considera que esta modificación “viene a tapar, por un lado, las ilegalidades que algunos cometieron a sabiendas; y por otro la incompetencia de las Administraciones que no han sabido hacer prevalecer la ley”, posibilitando la proliferación de hasta 300.000 edificaciones en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma.

 

Este partido recuerda que la problemática a la que pretende dar solución esta modificación de la ley impulsada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no contempla los motivos que llevaron a levantar dichas edificaciones, con lo que “se corre el riesgo de dar la impresión de que la ley sirve para tapar delitos” y “seguir generalizando las irregularidades urbanísticas”.