CAMPAÑA ELECTORAL. María José Rider, Secretaria Provincial del Partido Andalucista (PA) en Córdoba y cabeza de lista al Parlamento Andaluz por Córdoba ha anunciado que ha renunciado ante notario de su aforamiento en caso de ser parlamentaria, y ha instado al resto de los partidos a renunciar a este tipo de protección judicial, con objeto de que exista la máxima transparencia, de que los parlamentarios no cuenten con privilegios y de que estén sometidos a los mismos mecanismos judiciales que el resto de ciudadanos.  

 

Para la candidata andalucista “un parlamentario nunca debe utilizar el aforamiento como parapeto judicial para no rendir cuentas a la justicia”, y añade que considera el aforamiento "injusto para con los andaluces, un parlamentario deber ser juzgado por las mismas leyes que un ciudadano de a pie".

 

Rider considera que se debe elegir el camino más corto para esta iniciativa,  como es el de la renuncia voluntaria, al considerar que “el aforamiento es un derecho y nunca una obligación, y que esta es la forma menos compleja de abordarla, ya que la eliminación de la figura del aforado en el Estatuto de Autonomía Andaluz requeriría de una modificación compleja que tendría que ser refrendada posteriormente mediante la votación de los andaluces”. Continuaba diciendo que “los partidos que realmente quieran eliminar los aforados, seguirán nuestro ejemplo, a no ser que sea un mero brindis al sol para obtener votos”.

 

La medida a la que se comprometen los andalucistas va incluida en su programa electoral bajo la denominación de “aforado cero” en el marco de la necesaria regeneración política que consideran absolutamente prioritaria en Andalucía y en el resto del estado.

 

María José Rider asegura que el Partido Andalucista ya ha dado un paso adelante en el tema de transparencia y contra la corrupción, pues ya tiene presentada en el Parlamento andaluz una Iniciativa Legislativa Municipal para su debate y probación , donde se recoge todo esto.

 

Rider ha añadido que en esta Iniciativa Legislativa el PA propone entre otras cuestiones "la creación de una Oficina Parlamentaria de Control Presupuestario; la aprobación de una Ley de transparencia en el sector público andaluz que regule además la relación entre los lobbies o grupos de interés y presión y las instituciones públicas; una reforma que garantice la apertura de los partidos políticos a la ciudadanía, su transparencia y su democracia  pública al cumplimiento de dichos aspectos de su funcionamiento; la evaluación obligatoria de las políticas públicas mediante la creación de la Oficina Andaluza de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios dependiendo del Parlamento con evaluadores independientes para los objetivos programados y prometidos, incluyendo los programas electorales de los partidos en el poder; limitación de sueldos en Administraciones y Entidades Públicas".