Provincia

Un total de 217.000 habitantes de la provincia de Córdoba se encuentran en situación de pobreza relativa, con ingresos inferiores a los 586 euros al mes, mientras que 30.000 personas sufren una situación de pobreza severa, según recoge el informe sobre pobreza y exclusión social de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de la Diputación de Córdoba.

El informe, que ha presentado este martes el Defensor de la Ciudadanía, Francisco García-Calabrés, junto a responsables de Cáritas, Cruz Roja, Arco Iris y Proyecto Don Bosco, que han colaborado en su elaboración, junto con numerosas administraciones y otros colectivos sociales integrados en el Foro por la Inclusión Social de Córdoba, destaca que la renta media en la provincia es de 11.705 euros anuales, frente a los 13.000 euros de renta media estatal, lo que lleva a que el umbral de la pobreza se sitúa en unos ingresos inferiores a 7.023 euros anuales, o de 586 euros al mes, frente a los 646 euros mensuales de la media estatal.

Esto supone que 217.000 personas que viven en la provincia estarían, en lo referido a ingresos, en una situación de pobreza relativa, sobre todo concentrada en los más de 70.000 pensionistas que perciben rentas mínimas, los trabajadores en situación de desempleo o trabajadores con salarios precarios o discontinuos (137.000) y los perceptores de pensiones no contributivas (casi 10.000).

Se encontrarían en situación de pobreza severa, es decir, quienes perciben una renta inferior al 30 por ciento de la renta media cordobesa, cerca de 30.000 personas, fundamentalmente aquellas que están fuera de los sistemas de protección social y parados de larga duración que agotaron las prestaciones.

No obstante, el informe aclara que, sobre las cifras y los datos oficiales, hay que introducir un factor de corrección, dado el importante fenómeno de la economía sumergida, por lo que la tasa de pobreza relativa en la provincia de Córdoba se puede situar sobre el 27 ó 28 por ciento de la población.

Estos datos, sin embargo, no implican una privación total en el caso de las personas en situación de pobreza relativa, pues hay que considerar otros parámetros, como la concurrencia de las llamadas rentas indirectas, que no se computan, tales como las prestaciones de plazas residenciales, el transporte gratuito o los descuentos para familias numerosas, sin olvidar que la cobertura de la asistencia sanitaria es universal y gratuita para todos los ciudadanos.

También hay que tener en cuenta que la mayoría de los hogares cordobeses son viviendas en propiedad, lo que no oculta los datos de ejecuciones hipotecarias crecientes por impago, ni el fenómeno cada vez mayor de alquiler de habitaciones, que está proliferando en la capital cordobesa sobre todo y que sirve de mecanismo de ingreso y ayuda extra al propietario y de fórmula económica para los inquilinos, con la desventaja de la menor privacidad o de las estancias compartidas.

Igualmente, hay que indicar que, si la pobreza severa es más patente en la capital, se debe también a una mayor existencia de redes sociales de apoyo que en el resto de los municipios. Por el contrario, la pobreza relativa se hace más evidente entre la población más envejecida, cuyo índice se incrementa en la provincia frente a la capital.

El informe también recoge la necesidad de 7.000 viviendas sociales en la provincia para cubrir la demanda actual y la importancia de la formación para evitar situaciones de exclusión.

Por otro lado, el estudio, calificado de necesario y oportuno en el contexto del Año Internacional Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, también recoge 61 propuestas de acción, entre las que se destacan junto al aumento del empleo y la vivienda social, la adopción de medidas integrales y coordinadas, el incremento y calidad de las prestaciones y de las zonas con necesidad de transformación social, la planificación global para una ciudad inclusiva y el aumento de la economía social, entre otras.

El estudio contiene cinco partes: la radiografía social, tomando como base los datos de rentas, prestaciones y subsidios, empleo y vivienda; los recursos de las administraciones públicas y de los colectivos sociales; una encuesta sobre la percepción ciudadana de la pobreza; la voz de los colectivos implicados, y las conclusiones y propuestas finales.