POLÍTICA. La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba, Rafaela Obrero, ha afirmado que en la provincia de Córdoba hay más de 24.000 cordobeses mayores de 65 años y dependientes que no reciben ningún tipo de prestación, al tiempo que ha recordado que las políticas sociales y de atención a la dependencia están gestionadas por la Junta de Andalucía.

 

El pasado mes de marzo la Junta aprobó una orden de concertación nueva para regular las plazas concertadas en centros residenciales y centros de estancia diurna. Esta orden vino acompañada de una alianza de garantías para la eficiencia en la mejora de la atención de los mayores en situación de dependencia, firmada con las organizaciones más representativas, lucrativas y no lucrativas, que prestan sus servicios de forma concertada con la Junta.

 

Ese documento recogía unos compromisos que la Junta asumía para mejorar y responder ante las carencias graves en la gestión de estos centros. “Pues hasta la fecha, la Junta incumple este acuerdo y con ello sigue poniendo en peligro la gestión de estos centros, a las entidades que prestan el servicios, a sus trabajadores y a los usuarios de los mismos”, dice la parlamentaria cordobesa.

 

Obrero ha hecho referencia a un informe elaborado por la Federación LARES Andalucía que reconoce que el problema más graves lo presentan los centros residenciales en áreas rurales donde no se llega al porcentaje establecido a pesar de que es donde residen la mayor parte de la población mayor de 65 años, donde están las personas con pensiones más bajas y donde menos recursos tienen para poder pagar una plaza privada. “La Junta está creando usuarios de la dependencia de primer y de segunda clase, creando graves diferencias entre la oferta de servicios, las ayudas y el acceso a la atención según el territorio en el que viva”, asegura.

 

Añade la representante del PP que la Junta sigue retrasando el pago más allá de los 120 días cuando el compromiso es de pagar a 60 días; además, Andalucía tiene un nivel de deuda crítico cifrado en 52 millones de euros de deuda con el sector de la dependencia.