CÓRDOBA.    

El secretario general del Partido Popular de Córdoba y parlamentario andaluz, Adolfo Molina, ha denunciado que la Junta de Andalucía “ha abandonado las políticas activas de empleo en la provincia”, porque al hacer balance de las actuaciones desarrolladas en Córdoba en esta materia se comprueba que “han abandonado las escuelas taller, no han ejecutado el presupuesto, han acabado con los promotores de empleo; en definitiva, han reventado los instrumentos de las políticas activas de empleo”.

Molina ha destacado el papel desarrollado hasta ahora por las escuelas taller y las casas de oficio como “instrumento positivo de generación de oportunidades”. Pero desde la administración andaluza “sólo se han puesto en marcha diez de los 30 proyectos aprobados en 2011, los cuales se han sufragado por los ayuntamientos respectivos con recursos propios”, a lo que hay que añadir que en 2012 y 2013 “no se ha hecho convocatoria y han acabado de esta manera en este momento tan difícil con una gran herramienta”.

Molina ha explicado también que la Junta acumula una considerable deuda con los centros especiales de empleo, que sólo reconoce en el caso de la capital, donde asciende a 455.651,10 euros. Por contra, el Gobierno andaluz afirma que en el resto de la provincia no hay deuda contraída alguna, “cuando desde el PP de Córdoba tenemos conocimiento de que a la asociación lucentina Amara, por ejemplo, se le deben 300.000 euros”.
    
El origen de toda esta situación, está en opinión de este parlamentario popular, en que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) “sólo ejecutó en 2011, según datos de la Junta, el 35% de los 1.061 millones de euros presupuestados, por lo que sólo se gastaron en esta materia tan fundamental 496,6 millones”. En 2012 se ha dado una situación similar, ya que de los 1.646,9 millones presupuestados “sólo han ejecutado el 35,37%, lo que supone que han privado a los andaluces de 1.064,62 millones de euros para políticas activas de empleo”.

Un apartado “bastante sensible” que también se ha visto afectado por estos recortes de la Junta es el de los incentivos a la contratación de personas en riesgo de exclusión social. Adolfo Molina ha aportado el dato de que “desde 2010 no se ha destinado ni un sólo euro a tal fin en la provincia de Córdoba, habiéndose rechazado 79 solicitudes”.

El secretario general del PP cordobés recordó que el artículo 63 del Estatuto andaluz encomienda a la comunidad autónoma, “en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales”. Pese a este mandato normativo, Molina ha añadido que el balance en materia de empleo en el último año en la provincia de Córdoba “es nefasto y demuestra la incapacidad manifiesta del PSOE y de su socio IU para hacer frente al problema del desempleo”.